30 de julio de 2017 00:00

Litigio judicial, otro drama tras un accidente de tránsito

Bolívar  Velasco / EL COmercio Magnum Espinosa y su familia muestran una foto de Inés y su hijo Wiliam, muertos en la vía Alóag.

Familiares de Inés y  Wiliam, quienes fallecieron en la vía Alóag,  ven una fotografía de ellos. Foto: Bolívar Velasco / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Sobre el velador reposan documentos judiciales. Hojas amarillentas, escritos a mano y fotografías que Mariana Quimbiurco conserva como si fueran un tesoro. “Son los avances de la investigación”.
Para ella, cada papel es una pista para dar con el responsable de la muerte de su yerno David, su nieta de seis meses y su hermana Rosa. Los tres murieron el pasado 7 de marzo, en la vía a Guayllabamba.

Ese día, un bus de la cooperativa Flor del Valle impactó a la camioneta que conducía su yerno. Allí murieron 12 personas y hubo 25 heridos.

Cuatro meses después del accidente, el conductor del bus sigue prófugo y Mariana ha gastado más de USD 3 000 en abogados y copias. “Si me toca vender todo lo que tengo lo haré, solo quiero este hombre pague por lo que hizo”.

El juez de Tránsito Marco Antonio Mosquera ordenó el arresto del chofer dos días después del percance. Pero desde que huyó del lugar del accidente nadie lo ha vuelto a ver.

Víctor Zumárraga, juez de Tránsito, explica que los choferes involucrados en accidentes que causan la muerte de pasajeros no pueden ser juzgados en ausencia. Esta disposición la establece la Constitución (art. 233). Cuando hay prófugos, el juicio queda suspendido hasta que los sospechosos comparezcan a las audiencias, rindan sus testimonios y presenten sus pruebas.

En cambio, si hay una persona detenida el caso avanza más rápido y en seis meses se obtiene la sentencia, afirma el juez.

Según el Gobierno, a diario 26 conductores se fugaron tras un accidente, durante el 2016. De enero a noviembre del 2016, 8 325 choferes escaparon. En el 2015 fueron 9 561. La Policía advierte que la fuga de conductores llega hasta el 90% de los casos.

Desde el 2012, la Policía incluyó a los choferes prófugos en la lista de los Más Buscados. El primero del listado fue capturado el pasado 21 de julio.

El hombre manejaba el bus de la Cooperativa San Cristóbal que cayó a un abismo en la vía Los Bancos-Las Mercedes, el 29 de junio. Siete personas murieron en esa carretera.

Entre las víctimas se encontraba Jaime Ruiz, un colombiano que vivía en el país. Solistón, su hermano, ha tenido que hacerse cargo del proceso legal. El primer trámite fue la repatriación del cuerpo. Gastó más USD 1 300 en las dos semanas que estuvo en Ecuador. Ahora puso en venta un terreno en Colombia y con ese dinero paga los trámites que requiere hasta tener sentencia.

El Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito determinó que el chofer ejerció excesiva presión en el pedal del freno. Esto hizo que se cristalizaran las zapatas y tambores de freno del bus. Como consecuencia, el vehículo se salió del carril y volcó.

Tras el siniestro, Solistón ha vuelto 3 veces a Guayas. Cada estancia le cuesta USD 50 al día. Sin contar el costo del abogado.

Datos de la Agencia Nacional de Tránsito detallan que durante el primer semestre de este año, 1 011 personas han muerto en las vías. Es decir, hay un aumento con respecto al mismo período del 2016, en el que se registraron 972 fallecidos.

El accidente de la Cooperativa La Maná, en donde murieron 14 personas y presentaron heridas 30 pasajeros motivó al Gobierno a analizar reformas.

Una de estas es el sistema de licencias por puntos, ya que el conductor de la unidad tenía 52 infracciones de tránsito.

Magnum Espinosa es yerno de Inés Lata, quien quedó atrapada entre las llamas junto con su hijo Willian de 11 años. Espinosa recuerda cómo les entregaron los restos de sus familiares: carbonizados. “Fue espantoso y nos dolió mucho”.

Inés había viajado a Quito para que su hijo se sometiera a una quimioterapia, pues tenía cáncer. Para Magnum, la mayor preocupación es que el proceso legal se archive porque el conductor también murió. Por eso su familia ya se ha organizado y contrató un abogado. Una prima de Inés viaja dos veces por semana a Machachi, donde está el caso.

En la Fiscalía de Pichincha se recibieron 5 653 demandas por tránsito en el año pasado. La Fiscalía del Guayas tuvo 6 993 denuncias. De estas, 1 584 pasaron a instrucción fiscal y 827 llegaron a sentencias. Azuay, en cambio, registró 2 095 denuncias por delitos de tránsito y logró 799 sentencias, según las rendiciones de cuentas de las fiscalías provinciales.

En cada uno de los procesos hay familias que deben buscar abogados privados o en casos como el de Tatiana Túquerrez, hasta pierden sus trabajos. “Tenía que decidir entre comer o tener justicia”. La mujer fue despedida en marzo, pues visitaba a diario las oficinas policiales. Siempre hacía la misma pregunta: “¿Ya atraparon al chofer?”.

El conductor escapó de un centro de salud, tras chocar el bus de la Cooperativa Ventanas. La hija de Tatiana, Kerry de 14 años, fue una de las 20 personas que murieron el 13 de enero pasado. La madre debe USD 800 a un abogado que hizo los trámites.

En contexto

Los familiares de personas afectadas por accidentes de tránsito anunciaron un plantón en la Plaza Grande, en Quito, frente a la Presidencia. Exigen que el Gobierno endurezca las sanciones a las cooperativas de transporte.

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