22 de December de 2010 00:00

CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN

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El ingreso de la Policía al local de la revista Vanguardia y la incautación de computadoras tal vez es un aviso más sobre la fragilidad del trabajo periodístico en tiempos de acoso por parte del poder.

Por más argumentos que se exhiban, la escena es fuerte y preocupante, y merece al menos la alerta y la condena de toda la sociedad. Que haya existido un problema pendiente por el arrendamiento del local -sobre el que la administración de la revista explica que había depositado los valores en un juzgado de inquilinato- es una cosa, pero de allí a admitir que se produzca un allanamiento con secuestro, hay una distancia tremenda.

Máxime si, como ha ocurrido con la revista, las computadoras retenidas contienen material periodístico y editorial con el cual se adelantan trabajos para ediciones posteriores del semanario, cuyos contenidos suelen ser de análisis e investigación. Según los testimonios de los periodistas que trabajaban en este medio, hubo presencia armada de uniformados en la redacción, y revisión de pertenencias.

Queda claro que se trata de un atentado a la libre expresión cuando se revisa la decisión del Juzgado Primero de Garantías Penales de Guayas, que ayer ordenó que se entregara a los editores copias de los discos duros de las computadoras secuestradas, para garantizar así el derecho constitucional a informar y ser informado.

La imagen revive episodios tensos por los que ha tenido que atravesar la prensa privada y libre, especialmente en las épocas oprobiosas de dictaduras militares. Hoy, que se debate en el país sobre los riesgos de leyes intimidatorias o que busquen controlar los contenidos de los medios desde el poder, el allanamiento a Vanguardia es un pésimo precedente que merece nuestra total condena.

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