Redacción Política
Concentrar el poder en la función Ejecutiva a través de la creación de instancias de control es uno de los ejes de las leyes que tramita la Asamblea Nacional.
Hoy concluye el plazo para que se presenten los informes para primer debate sobre las leyes de Educación, Comunicación, Cultura y Deportes. Todas las iniciativas coinciden en dar más control al Gobierno en estas áreas.
73 proyectos
de ley se encuentran en proceso de discusión en las comisiones de la Asamblea.Así, en el campo de la comunicación la propuesta institucionaliza un consejo de comunicación, que tendrá facultades, incluso la de clausurar a los medios.
Lo mismo ocurre con la Ley del Deporte, presentada por la ministra Alexandra Vela, luego de un proceso de socialización entre los involucrados. Según la iniciativa, las federaciones deportivas provinciales ya no tendrán una automática asignación de los recursos económicos, sino que se realizarán a través de ese Ministerio.
Con respecto al proyecto de ley de Cultura, pese a que la iniciativa fue redactada a partir de un proceso de consulta con artistas y gestores culturales, el texto propuesto por el Ministerio del ramo es criticado por la concentración de poder en el Ministro de Cultura.
Esta autoridad tendrá la capacidad de nombrar, directa o indirectamente, a todos los directores de los nuevos institutos que se crearán para estructurar al Sistema Nacional de Cultura.
Sebastián Toral, ex veedor del proceso constituyente y abogado en libre ejercicio, encuentra lógica en la actuación de Alianza País y las otras organizaciones que son parte de la mayoría afín al Gobierno. “En la Constituyente de Montecristi se pusieron las bases del nuevo modelo que buscan y ahora trabajan en el desarrollo de esos postulados”, sostiene.
Y encuentra otro detalle: toda esta discusión se desarrolla bajo un “ropaje” de participación y de socialización de las iniciativas entre la sociedad civil. “Después de las discusiones, poco o nada cambia de la ley. Todo es parte de un proyecto político concebido con anterioridad”, asevera.
Una muestra es la creación del Consejo de Comunicación. No hubo argumento para que el oficialismo desista de la creación de este consejo, recuerda el asambleísta de minoría César Montúfar.
Lo mismo ocurre con la ley de Recursos Hídricos, que no es parte de este paquete de cuatro leyes pero se redacta el informe para segundo y definitivo debate, pero que también está en proceso de discusión. En ese caso, las atribuciones para la regulación y control del recurso hídrico recaerán en la Autoridad Única del Agua.
En el caso de la Ley de Educación Superior también se crea un Consejo y una Secretaría Técnica en la que el Gobierno tendrá representación y control. Esta iniciativa es considerada como un atentado a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra.
Con el argumento de Toral coincide Francisco Muñoz, director de la revista La Tendencia. Recuerda que en la propia Constitución ya se institucionalizó una serie de mecanismos de control, a través de los consejos o las superintendencias. “Lo hicieron para que estas disposiciones no queden en letra muerta, son instancias de vigilancia sobre el cumplimiento de estas disposiciones”.
No obstante, considera que la Asamblea Nacional y Alianza País “exageran” en la creación de este tipo de instituciones. “No hay la suficiente flexibilidad en la creación de estos organismos”.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, recuerda que las leyes que fueron aprobadas y que están en discusión tienen como base la Constitución.
Recuerda que ahí se aprobó la creación de sistemas para el desarrollo de varias actividades. “Lo que ahora hacemos con las leyes es desarrollar los principios que ya fueron aprobados”.