26 de junio de 2014 20:28

Arremetida contra la banca en la presentación del Código Monetario

Código

Diego Martínez y Patricio Rivera se presentaron ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para explicar los alcances del proyecto enviado. Foto: Vicente Vostales / EL COMERCIO

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Santiago Ayala y Mónica Orozco

Dos de las principales autoridades económicas del país se presentaron ayer, 26 de junio, ante la Comisión de Régimen Económico, solo 20 horas después de que el Ejecutivo enviara a la Asamblea el proyecto de Código Monetario y Financiero.

Durante dos horas, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Martínez, expusieron los motivos por los cuales es necesario aprobar este proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, por lo que deberá ser aprobado en hasta 30 días.

Según los funcionarios, la legislación vigente privilegia al capital por sobre el ser humano, además de que el sector monetario y financiero es el más atrasado en términos institucionales. De ahí que el objetivo principal apunta hacia una regulación más severa de las operaciones financieras, para evitar crisis como las que vivió el país en 1999, dijeron.

En sus disertaciones ante los asambleístas de la Comisión, en una sala llena de periodistas y representantes de sectores involucrados, tanto Rivera como Martínez se refirieron en duros términos al accionar de la banca privada, no solo nacional, sino de todo el mundo.

Para ello utilizaron citas de ex presidentes de EE.UU. que se referían a la necesidad de mantener a estas instituciones bajo control, para que no generen desigualdad y desempleo.

Así, Martínez, hizo referencia a la frase de Thomas Jefferson, respecto a que “las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército”, para referirse a que no se debe permitir que los bancos controlen la emisión de dinero.

Por su parte Rivera, con un tono de voz más enérgico, fue más punzante al señalar, por ejemplo: “Ya no van a jugar lotería con los recursos de los ecuatorianos”, “El sistema financiero no es como una mecánica o una panadería” o que “No podemos tener a Drácula cuidando el banco de sangre”.

Y desagregó algunas de las medidas que se vendrán para mejorar el funcionamiento del sistema financiero y controlar los gastos de las entidades: se incrementará el requisito mínimo de capital pagado para que puedan operar las instituciones, de USD 2 600 millones a 11 500 millones; se regularán las remuneraciones y otros beneficios de los administradores: se incrementarán las sanciones administrativas que pasarán de un máximo de USD 7 887, hoy, a 860 000.


Adicionalmente, se regulará el crédito, de tal manera que se destine a actividades que generen producción y empleo, ya que, según las autoridades, cuando el crédito cae, el empleo también lo hace. De esta forma se evitará que se repitan crisis como las que vivió el país o que se repliquen burbujas como la ocurrida en la crisis mundial del 2008.

Todo esto será supervigilado por una Junta de Regulación que estará conformada por el Ministro Coordinador de la Política Económica, el Ministro de Finanzas, el Secretario Nacional de Planificación, el Ministro Coordinador de la Producción y un delegado del Presidente. En este núcleo no tendrá cabida ningún representante de las instituciones financieras. A ellos se refirió Rivera como “Drácula”.

Para el asambleísta Ramiro Aguilar, miembro de la Comisión, esta Junta es una especie de “Dios”, que determinará lo que pase con el dinero de todos los ecuatorianos que se encuentra en los bancos. El legislador fustigó el alcance del proyecto y el poder que se otorgará a este nuevo ente.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, señaló que, dada la extensión del documento (170 páginas), todavía están estudiándolo. “En los próximos días nos pronunciaremos”.

El próximo martes, en Guayaquil, la Comisión recibirá a los representantes de los bancos privados. El lunes, en cambio, se recibirá a los dirigentes de las mutualistas, en Cuenca.

Para el analista económico, Pablo Lucio Paredes, la creación de esta Junta, en una economía dolarizada, “es mucho más grave que cualquiera de los elementos de regulación que se han dado hasta ahora”.

Mayoría oficial en el Biess

El Régimen busca mayoría en el Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). El proyecto de Código cambia la conformación de esta entidad, que tiene entre sus funciones, además de otras, las de aprobar las inversión del portafolio de la entidad que al 2013 sumó
USD 12 255,6 millones.

Hoy, el Directorio del Banco cuenta con cuatro miembros: dos del Ejecutivo (el Presidente del Directorio del IESS, quien es designado por el Presidente de la República; y un miembro designado por el Directorio del IESS de una terna presentada por el Mandatario), un delegado de los afiliados y otro de los jubilados.

El proyecto establece que la entidad estará conformada por cinco miembros: tres del Ejecutivo (el Presidente del Directorio del IESS, el titular de la secretaría de Estado a cargo de la política económica o su delegado, el titular de una secretaría de Estado afín a la actividad o su delegado), un delegado de los jubilados y uno de los afiliados.

Además, determina que los miembros del Directorio serán cesados, que el banco estará por 180 días a cargo de la Superintendencia de Bancos y que los miembros del Directorio actuarán únicamente en las sesiones que sean convocados y en los comités que por normativa sean requeridos.

El exdirector del IESS, Marco Morales, cree que con la reforma la entidad pierde autonomía. “El Biess es el banco de los afiliados y el Directorio debe estar conformado por los actores. Los actores de ese Banco son jubilados, afiliados y patronos. Está bien el control, pero la autonomía de la entidad no puede perderse”.

La reforma llega en momentos en que el Consejo de Participación Ciudadana lanzó un concurso para reemplazar a los representantes de los jubilados y los afiliados, miembros del Directorio que se eligen a través de un concurso.

En contexto

El Ejecutivo envió el miércoles 25 de junio del 2014 el proyecto que deroga 30 leyes. El cuerpo legal consta de 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias, 31 derogatorias -entre leyes y decretos-, 35 transitorias y tres disposiciones finales.

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