6 de febrero de 2018 00:00

Ley de Plusvalía: Gobierno trabaja en nuevos mecanismos

Lenín Moreno envió la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras a la Asamblea Nacional, según señaló en su informe semanal. Foto: tomada del Flickr de la Asamblea

Lenín Moreno envió la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras a la Asamblea Nacional, según señaló en su informe semanal. Foto: tomada del Flickr de la Asamblea

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Diana Serrano

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El Gobierno debe enviar un proyecto de ley a la Asamblea para derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras, conocida como Ley de Plusvalía.

Para ello, el Régimen tiene un plazo de 15 días, contados desde la publicación de los resultados de la consulta y referéndum en el Registro Oficial.

“Que se entienda bien: estamos en contra de la especulación del suelo. Preparemos un proyecto que la combata, pero sin afectar a la construcción, la inversión y el empleo”, dijo ayer, 5 de febrero del 2018, el presidente Lenín Moreno, en su informe semanal, tras anunciar que alista el proyecto de ley derogatorio.

Esta norma tendrá el carácter de económico urgente, por lo que la Asamblea tendrá 30 días para tramitarlo.

Los gremios inmobiliarios y de la construcción están a la espera de que esta medida se refleje en un crecimiento del sector. La actividad lleva 27 meses con cifras negativas, según datos del Banco Central.

Según la Federación de Cámaras de Construcción del Ecuador y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador, esto ocurre porque la ley vigente establece un impuesto del 75% a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles.

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dijo que el sector se contrajo 10% en los últimos años, respecto al nivel que tenía en el 2014. Con la medida espera que la construcción vuelva a ser uno de los pilares fundamentales que impulse el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país.

Pero el tema de la plusvalía no termina con la consulta popular, ya que el Gobierno anunció que trabaja en algunos mecanismos de control para evitar la especulación de tierras. Carlos de la Torre anunció que esas medidas buscarán que los precios de los inmuebles se determinen por la oferta y la demanda.

El presidente de la Asamblea, José Serrano, anunció el domingo que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) planteará la creación de una comisión ocasional para trabajar en las reformas de las preguntas del referendo.

Según Serrano, la comisión puede estar integrada por nueve miembros elegidos por las bancadas en esta semana.
Para el asambleísta Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, la creación de una comisión especial “desinstitucionaliza el trabajo de los asambleístas”.

En su opinión, este tema se debe tratar en la comisión que él preside o en la de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El planteamiento preocupa al sector de la construcción, que lo considera innecesario.

Henry Yandún, vocero del colectivo Constructores Positivos, indicó que en la actualidad existen leyes que ya norman los temas de plusvalía. Una de ellas es la de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que en su artículo 60 detalla los instrumentos para regular el mercado del suelo y evitar prácticas especulativas.

También existen otros mecanismos legales como ordenanzas municipales, que norman temas como la actualización de catastros, otro de los aspectos que incluye la actual Ley, señaló Yandún.
Los constructores consideran que el proyecto económico urgente que envíe el Ejecutivo en las próximas semanas solo debe contener la derogación, tal como se planteó para la consulta popular.

Para dar seguimiento al proceso, el sector mantendrá desde esta semana reuniones con el Gobierno Nacional.

Según Yandún, estos espacios también serán aprovechados para evitar que se dispongan leyes o reformas que afecten nuevamente al sector, manteniendo la política de diálogo que el Mandatario destacó, tras la consulta.

Con la derogatoria, los constructores estiman subir el nivel de contratación de mano de obra, que en la época de recesión dejó sin empleo a unas 300 000 personas en puestos directos e indirectos, anotó Enrique Pita, titular de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción.

Además, en los próximos meses se espera una reactivación de los proyectos inmobiliarios, aseguró Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador.
Ahora, la Ley vigente también contiene una serie de artículos que no están relacionados a la plusvalía como la regulación de la actividad minera.

En este sentido, se establece que las empresas dedicadas a esta actividad paguen el impuesto a los ingresos “extras”, 48 meses después de que recuperen su inversión.

Según Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, esta disposición transitoria no está incluida en la derogación, ya que implicó cambios en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, por lo que no debe ser afectada.

El Presidente del Legislativo aclaró que los únicos artículos que serán derogados se relacionan con la plusvalía.

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