Polémica ley permitirá en Alemania acceder a celulares de refugiados

El Gobierno alemán aprobó hoy (22 de febrero del 2017) en consejo de ministros un proyecto de ley que endurece su política de asilo contra potenciales terroristas extranjeros y que contempla el acceso por parte de las autoridades a los teléfonos celulares y computadoras de los peticionarios de asilo en aras de poder determinar su identidad.

Con la reforma, el Ejecutivo de Angela Merkel pretende agilizar las deportaciones de peticionarios de asilo, así como imponer sanciones más duras a aquellos refugiados que hayan facilitado datos falsos a las autoridades en el momento de registrarse en el país.

Además, la nueva normativa aumenta el periodo de tiempo que un ciudadano extranjero sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido a la espera de su expulsión.

Del conjunto de medidas a las que el Gobierno germano dio hoy luz verde, la más polémica es aquella que permitirá a la Oficina Federal de Refugiados y Migración (BAMF) acceder a los teléfonos celulares o computadoras de los peticionarios de asilo para poder determinar su verdadera identidad.

La organización pro derechos humanos Pro Asyl criticó en las últimas horas la nueva normativa asegurando que se trata de una "brutalización de las expulsiones" al tiempo que aseguró que Alemania ha pasado de ser un país de acogida a uno de deportación.

También desde el partido de la oposición La Izquierda observan con preocupación los planes del Ejecutivo. "Los celulares y las computadoras pertenecen al ámbito privado que debe protegerse", señaló la líder de la formación, Katja Kipping, en declaraciones a dpa.

Las organizaciones de ayuda a refugiados indicaron que hoy se llevaría a cabo una deportación masiva de ciudadanos afganos desde Múnich, una expulsión que causa revuelo en Alemania, dado que en el país árabe continúan luchando gropas gubernamentales contra talibanes, lo que no garantiza una situación de seguridad para los migrantes retornados.

Sin embargo, desde el Gobierno de Merkel defienden las expulsiones e insisten en que determinadas zonas de Afganistán son lo suficientemente seguras.

La normativa aprobada hoy, acordada hace semanas por los ministros de Justicia y de Interior de Alemania, tiene como objetivo evitar que se pueda repetir un caso similar al ocurrido el pasado diciembre, cuando Anis Amri, un peticionario de asilo tunecino, perpetró un atentado terrorista en un mercado navideño de Berlín causando la muerte de doce personas.

Sobre Amri, a quien las fuerzas de seguridad vigilaban al considerar que podría resultar peligroso, pesaba una orden de expulsión de Alemania que nunca llegó a ejecutarse.

Así, aunque las autoridades alemanas le denegaron el asilo político no pudieron deportarlo por falta de documentos de identidad que esperaban de Túnez. Amri utilizó 14 identidades diferentes tras llegar a Alemania en 2015 y mantuvo contacto con círculos islamistas radicales (salafistas) en Alemania.

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