11 de March de 2010 00:00

La Ley de Participación, clave para Correa

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Redacción Política
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La Presidencia de la República quiere sumar   una nueva  tarea al Consejo de Participación Ciudadana:  vigilar los procesos de rendición de cuentas de los medios de comunicación del país.

Sin embargo, esa  potestad será atribuida  a un organismo  que es  cuestionado, incluso antes de que empiece a trabajar.  Luis Morales, presidente de la Comisión que redactó la Ley de Participación Ciudadana, aseguró ayer que la integración del Consejo ha despertado dudas por la inferencia de los partidos políticos en la elección de sus nuevos integrantes.  



Sobre  medios públicos
Los medios  de comunicación públicos y comunitarios están obligados a difundir programas de derechos  y deberes ciudadanos, el buen vivir, de participación ciudadana   y  de control social. Esta es otra disposición del veto del presidente Correa.  

     La creación  y funcionamiento de los medios públicos es un tema que está en la agenda de la Comisión de Comunicación. Está previsto que ese equipo  termine el proyecto de ley de Comunicación hasta el 5 de abril.
  La Comisión  de Comunicación se reune a las 08:00. Seguirá el debate sobre  los medios públicos y se  definirá el cronograma de trabajo para redactar la Ley.




Andrés Páez (ID) y Lenin Chica (Prian) aseguraron que en ese proceso de selección se trató de beneficiar a ciertos movimientos políticos. Específicamente se habla de Alianza País y del MPD.

En ese sentido,  César Ricaurte,  de  Fundamedios,  sostuvo que el  Primer Mandatario violó  las normas del derecho a la libertad de expresión y de prensa, porque intereses políticos estarían detrás de que los medios de prensa rindan cuenta  a la ciudadanía.
 
Esa intención presidencial está  incluida  en el veto   a   la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  El  cuerpo legal fue aprobado por la Asamblea el 2 de febrero   pasado y enviado al Ejecutivo para que sea  analizado y objetado.
    
El texto  del Legislativo no incluía a los medios de comunicación dentro del proceso de rendición de cuentas. No obstante, para el Presidente, las empresas de información,  aunque  sean privadas, prestan un servicio público como el de la  comunicación.

Por eso, sostuvo  que “la ciudadanía tiene derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones”.
 
Según el veto presidencial, el Consejo de Participación  deberá regular la diligencia de rendición de cuentas. Por ejemplo, podrá   “establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para que las empresas informativas cumplan con esta obligación legal, una vez al año”.
 
La intención del presidente Rafael Correa es que cualquier persona o un grupo social  pueda convocar a los medios  para conocer y vigilar cómo  es su trabajo.
En ese sentido, el Consejo deberá crear las reglas y vigilar que se cumpla con ese procedimiento.

Adicionalmente, según la propuesta del Ejecutivo, el Consejo no tendrá  límites para elaborar estos parámetros para la rendición de cuentas. Por ejemplo, pueden ser incluidos temas de contenido, de presupuesto, personal y acciones de los medios.   

En la ley que aprobó la Asamblea, la figura de la  rendición de cuentas   tenía el objetivo de  vigilar las acciones de las autoridades estatales o empresas privadas que manejan dineros públicos. Sin embargo, para el presidente Correa,  los medios de comunicación también deben estar obligados a entregar esos reportes.
     
No obstante, para incluir a los medios  dentro de esta normativa el Presidente cambió varios artículos. Por ejemplo, propuso que los representantes legales de los medios (al igual que los funcionarios públicos o gerentes de empresa que manejen fondos estatales) estén obligados a someterse a ese proceso de evaluación y a informar a la ciudadanía de las acciones de las empresas a su cargo.
  
Los representantes legales que no acudan a esta rendición de cuentas podrán ser sancionados por el Consejo de Participación Ciudadana. Según Correa, para esta decisión se tomará en cuenta  la norma  especial del Consejo.
 
Asimismo, en ese cuerpo legal (en el artículo 11) solo se habla de funcionarios públicos.

Específicamente señala que los funcionarios que no acudan a la rendición de cuentas serán indagados por la Contraloría. También se autoriza al Consejo  a realizar un monitoreo de la información entrega por las instituciones. Y a enviar recomendaciones.  
 
Los asambleístas tendrán hasta el 3 de abril  para debatir en  el Pleno y deberán contar con 82 votos para insistir en su texto original. En el caso de que no consigan esos votos el veto presidencial  entrará en vigencia.
 
Hasta ayer, este tema no fue tratado en    la Legislatura. El debate del Código  Orgánico Territorial, el posible juicio al Fiscal  de la Nación  y la aparente división de Alianza País tenían  la atención.

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