En la Asamblea actualmente se tramitan, entre otros, tres proyectos de Ley de gran preocupación para mí: 1). el proyecto de Ley de Aguas, el cual obliga a todas las empresas privadas que venden agua envasada, a convertirse en empresas mixtas, lo cual me parece una barbaridad; 2). el proyecto de Ley de Datos, que permite que el Estado vigile toda la información de los ciudadanos.
Yo creo que hay información personalísima que debe ser confidencial, como por ejemplo: el dinero que uno pueda tener depositado en una cuenta bancaria, a la cual sólo se debe acceder previo una autorización judicial; y, 3). el proyecto de Ley de Competencia, Control y Regulación de Monopolios, el cual en lugar de fomentar la competencia, la limita.
Se ha dicho, que en el Ecuador el 81por ciento del mercado está concentrado en pocas empresas: que en papel y cartón, una sola empresa concentra el 84por ciento de la producción; que en cacao y confitería, solo una empresa concentra el 94por ciento de la elaboración de chocolates; que en la fabricación de llantas, una sola empresa tiene el 90por ciento del mercado; que en industrias vinícolas, solo una empresa concentra el 99por ciento; y, que en distribución de alimentos, solo tres cadenas de supermercados representan más del 85por ciento del negocio.
Estoy de acuerdo en que hay que evitar los monopolios y oligopolios, y todo tipo de competencia desleal y abuso de poder económico, lo cual justifica dictar una ley antimonopolios, la cual debe regir tanto para el sector privado como para el público, pero no estoy de acuerdo con este proyecto de ley, que solo evita y sanciona las prácticas monopólicas en el sector privado; el cual es excesivamente reglamentario y extremadamente sancionador, y atenta en muchos sentidos, contra la empresa privada.
Crea a la Superintendencia de la Competencia, la cual es otro ente burocrático, que supervisará y regulará que en el mercado no se presenten prácticas de competencia desleal y de abusos de poder dominante, la que podrá realizar inspecciones sin notificación alguna, examinar libros, registros, documentos, etc., sin limitaciones de ninguna clase ni especie, lo cual les permitirá llevarse copia de todo tipo de documentos.
Este sanciona con hasta cinco años de prisión, a directores, directivos, gerentes, administradores, etc., que hubieren acordado, entre competidores, fijación de precios de sus productos. Entre otras “perlas”, se podrá ordenar desinvertir en los casos en que se considere que eso es necesario para restablecer la competencia.
No cabe que el Estado, a través de una ley, se convierta en un agente económico capaz de intervenir en decisiones de producción y consumo. La Ley debe impulsar y velar porque en el Ecuador exista un comercio justo, que permita a los ciudadanos obtener bienes y servicios de calidad, a precios justos.