27 de octubre de 2015 21:37

Proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas se aprobó tras 10 horas de debate

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Carolina Enríquez

Con 96 votos a favor, 24 en contra y una abstención se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas.

Hoy (27 de octubre del 2015), en el Pleno de la Legislatura, se realizó el segundo debate del texto con 121 asambleístas presentes. Casi 10 horas demoró la intervención de los legisladores.

El objetivo de la norma es posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas la ejecución y financiamiento (total o parcial) de una obra. De aprobarse el texto los empresarios podrán intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, etc., para lo cual contarán con beneficios tributarios. Los sectores en los cuales pueden invertir son vialidad, puertos, aeropuertos, construcción de viviendas de interés social, entre otros.

Originalmente el proyecto llegó con ocho artículos y ahora tiene 30, según expuso Lídice Larrea (Alianza País), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, en la que se trata el documento. Más de 90 observaciones se hicieron al texto.

A las 20:00 se leyó el informe final del tema, pero no hubo conformidad en el mismo bloque oficialista. Lídice Larrea, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, en la que se trata el proyecto, pidió un receso de cinco minutos pero fue de más de una hora.

Cerca de las 21:00 se decidió que el Comité Interinstitucional, que gestiona las APP, sea quien elabore el reglamento para su funcionamiento y el de una secretaría técnica, que se decidió crear.

Los representantes del sector privado no serán parte del órgano y tendrán conocimiento del accionar del Comité en el marco de un subconsejo dentro del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo. Este deberá crearse en 30 días, según una transitoria.

En cuanto a los arbitrajes se decidió que, tal y como consta en el informe para segundo debate, solo puedan darse en instancias latinoamericanas. Esto fue ampliamente criticado por el opositor Luis Fernando Torres (Creo), quien indicó que deberían hacerse en cualquier tribunal arbitral internacional.

El legislador también hizo un llamado de atención a las facultades que tendrá el Ejecutivo para hacer ajustes normativos para dar facilidad en los trámites para los inversionistas.

De hecho, tras la propuesta de Juan Carlos Casinelli (Alianza País) se decidió mejorar la redacción del texto y se determinó que para facilitar los procesos es potestad del Presidente de la República simplificarlos en el ámbito de la función Ejecutiva mediante decreto. Los Gobiernos autónomos también podrán simplificar los trámites, excepto en el tema de licencias ambientales.

Los integrantes de Alianza País, miembros de la Comisión, indicaron en el Pleno que se definió que los beneficios tributarios solo pueden ser para proyectos nuevos y que se creó un capítulo especial para la remisión de intereses y multas para quienes adeuden sus aportes patronales al IESS.

Esto último, sin embargo, recibió un llamado de atención de otros miembros y dirigentes del bloque como Virgilio Hernández y Fausto Cayambe. Ambos plantearon que dicha propuesta debía quedar únicamente como transitoria. Al final de la noche no se anunciaron ajustes en torno al tema.

Tampoco se indicó nada con relación al pedido de Hernández vinculado a que se deben definir tiempos específicos para la aplicación de los beneficios tributarios porque no se puede ofrecer “ni subsidios ni subvenciones” permanentes. Diego Vintimilla propuso 15 años.

Lo que sí se acogió fue el pedido que hizo Hernández con relación a que se incluya la posibilidad de que se pueda hacer inversiones en todo el sector energético y no solo en las áreas hidroeléctricas, siempre y cuando cumplan las regulaciones establecidas por el Código de la Producción en su artículo 100.

Esto le da un giro a lo planteado en el primer debate, cuando los oficialistas dejaron claro que no era posible realizar las inversiones en los sectores estratégicos. Sin embargo, ya desde la Comisión se indicó que se haría una excepción en el tema.

Soledad Buendía, sin embargo, planteó que sí se incluya un inciso en el que se detalle que todos los demás sectores estratégicos quedan fuera de la aplicación de la Ley, lo cual también se incorporó.

Esto fue criticado por Moisés Tacle (Madera de Guerrero), quien cree que las inversiones deben hacerse en cualquier área. Otros opositores como Patricio Donoso (Creo) insistieron en temas como la derogatoria del impuesto del 2x1000 para las actividades comerciales en Guayaquil.

Tal y como lo dijo Tacle el pasado viernes, llegaron al Pleno otras propuestas de remisión de multas e intereses como aquella para quienes adeuden por microcréditos a la Corporación Financiera Nacional (CFN). La exoneración de intereses y multas para los deudores de hasta USD 15 000 al Banco Nacional de Fomento (BNF), que se aprobó en la Comisión, no recibió ninguna modificación.

Al final del día se hicieron reformas, además, a leyes como las de salud, comunicación, etc. Por ejemplo, se incorporó el hecho de que no se puede hacer publicidad de medicamentos que requieran prescripción médica.

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