Johana Pesántez (izq.), secretaria jurídica de la Presidencia, entregó la propuesta de consulta a la Corte. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no se eliminará. Pero la ciudadanía podrá decidir si los actuales integrantes deben ser destituidos. También si los nuevos deberán ser elegidos en las urnas.
Ese es parte del contenido de la segunda pregunta que el presidente Lenín Moreno propone para la consulta popular. Este lunes, 2 de octubre del 2017, el Gobierno entregó siete interrogantes a la Corte Constitucional (CC) para que sean validadas.
Durante la pasada campaña electoral y en los primeros cuatro meses del actual Gobierno, al menos 50 organizaciones sociales y políticas insistieron en la eliminación del Cpccs, el cese de las autoridades de control que este designó y reformar el método de designación, en una consulta.
Moreno anunció este lunes que en el caso de que el sí gane en esta pregunta, se creará un Consejo Transitorio que se encargará de evaluar a las autoridades existentes como el Fiscal, el Contralor y los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Así como los concursos que están en marcha.
Además, en la consulta, el Mandatario propone tratar la lucha contra la corrupción. Plantea establecer que los servidores públicos declarados culpables por corrupción pierdan los derechos políticos. Es decir, que no puedan ser ni candidatos ni funcionarios.
El resto de preguntas se refieren a la reelección indefinida, Ley de Plusvalía, Yasuní, minería y abusos sexuales a menores.
La CC deberá analizar la consulta con nueve parámetros. Por ejemplo, el uso de un lenguaje neutro y sin carga emotiva. La formulación de una sola cuestión por pregunta. Y la posibilidad de que los electores voten individualmente por cada pregunta y no en bloque.
La Corte está conformada por nueve jueces titulares. Todos están en funciones desde el Gobierno anterior. Sus dictámenes dieron paso a iniciativas como la consulta sobre paraísos fiscales y las enmiendas constitucionales del 2015.
Y negaron otras de la oposición como la consulta sobre minería que propuso la Ecuarunari. O las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Comunicación.
Cinco de los nueve magistrados desempeñaron cargos en el Régimen pasado. La vicepresidenta del organismo, Pamela Martínez, por ejemplo, fue asesora de despacho de Rafael Correa .
La entrega del pliego de preguntas a la Sala de Admisión de la CC se hizo ayer a las 14:55. Acudieron seis integrantes del Gabinete, encabezados por Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia,.
El Pleno de la Corte designará un juez ponente, por sorteo, para que desarrolle el dictamen para el conocimiento y aprobación de los nueve magistrados de la Corte Constitucional.
Los plazos que la Ley establece para este proceso tienen un vacío. Da 20 días para que la CC emita el informe. Pero este tiempo empieza a correr luego del sorteo del caso a uno de los jueces. No hay un límite para que este sorteo se realice.
Si el fallo de la CC es favorable, Moreno emitirá un decreto ejecutivo y la consulta iniciará su trámite en el Consejo Electoral, que tiene 15 días para convocarla y 60 para realizarla.
Conozca las siete preguntas planteadas por el Ejecutivo