25 de agosto de 2014 00:27

La Konrad Adenauer trabajó por la democracia en Ecuador

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Redacción Política

La salida de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) es una pérdida para el país a ojos de quienes conocieron su trabajo. La medida se conoció la semana pasada y según directivos de la Fundación, el motivo fue el creciente control del Gobierno en el trabajo político de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

La fundación alemana, cercana a la Unión Demócrata Cristiana de ese país, llegó al Ecuador en la década del sesenta. Por su matriz ideológica estuvo vinculada al extinta Democracia Popular (DP), de la que salieron figuras como los expresidentes Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad y otros personajes importantes como Julio César Trujillo, Rodrigo Paz, Wilfrido Lucero, entre otras.

Desde su arribo al país trabajó en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el apoyo a los procesos de modernización institucionales y sociopolíticos, la consolidación del Estado de derecho y el fomento de un orden social y económico eficiente.

El analista Luis Verdesoto destaca la colaboración de este organismo internacional para el desarrollo democrático del país. Por esto, asegura, tuvo una evidente y abierta relación con los partidos políticos afines con su posición.

Para César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, la Fundación ha sido muy importante en la capacitación y formación de líderes políticos. Pero, además, tuvo un papel protagónico en el retorno a la democracia, no solo del Ecuador sino en la región.
Verdesoto lamenta que la presión excesiva sobre las ONG además perjudique la imagen internacional ecuatoriana. Los representantes de la KAS afirman que es el único país en el cual enfrentan este tipo de problemas.

Si la salida se debe a una actitud gubernamental, “es más lamentable todavía, porque al Gobierno y al Estado le correspondería fomentar esta clase de actividades”, apunta Rafael Oyarte, abogado constitucionalista. En su opinión se trata de una pérdida para toda la nación.

Precisamente, el 4 de junio del 2013, el presidente Rafael Correa firmó el Decreto número 16 en en cual se expuso que todas las ONG deberán regirse por el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios), cuyo objetivo es determinar los derechos y obligaciones de las ONG en el país.

Entre las actividades de la KAS estaban la ejecución de talleres, capacitaciones, asesoramientos y edición de publicaciones, estudios y materiales de educación y comunicación. Según el sitio web de la oficina en Ecuador, solo desde el 2009 ha publicado 29 textos sobre diversos temas políticos, sociales, ambientales y jurídicos.

Sus socios eran el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, el Centro de Investigación de los Movimientos Sociales, el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Fundamedios, la Corporación Participación Ciudadana (PC), la Red de Defensores Indígenas, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito.

Ruth Hidalgo, de PC, destaca su labor como socio estratégico de la sociedad civil, especialmente con las capacitaciones sobre temas legales. En sus últimos talleres se discutieron temas como el Decreto 16, la Ley de Comunicación y el Código de la Democracia.

Diego Ordóñez, dirigente democristiano, resalta, además, la labor del organismo con el sector indígena y en las temáticas económicas y jurídicas. No obstante, Oyarte recuerda que no solo trabajó con otras ONG y movimientos sociales, sino también con instituciones públicas.

Ahora, las oficinas de la KAS, en Quito, están cerradas y su salida oficial será el 31 de agosto. Así, ahora quedan tres fundaciones políticas alemanas en el país: Rosa Luxemburg, Hanns Seidel y Friedrich Ebert Stiftung (FES-ILDIS).

Susanne Kophal, vocera del organismo en Berlín, contó a este Diario que, en mayo del 2013, la Cancillería cambió las reglas para la cooperación de las fundaciones políticas alemanas. En una de las cláusulas del nuevo convenio se establecía la potestad del Gobierno de intervenir, modificar o cancelar sus programas. La alternativa era registrarse ante la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci), explicó Kophal, cuya finalidad es garantizar que los actores de la cooperación apliquen las políticas nacionales y que, por lo tanto, interfiere en el libre desarrollo de las actividades de las ONG. Dijo que dados los principios de la Fundación, les resulta imposible desarrollar sus actividades.

Ante estas declaraciones, EL COMERCIO buscó la respuesta de la Cancillería y la Seteci. Sin embargo, en los departamentos de Comunicación de ambas entidades confirmaron que no existe un pronunciamiento oficial y que sus titulares no estaban disponibles.

En contexto

En agosto del 2013 la organización Human Rights Watch pidió al Gobierno revocar el Decreto 16, pues amplía la potestad del Régimen para intervenir en las actividades de las organizaciones, y lo autoriza a disolver ONG ecuatorianas “que afecten la paz pública”.

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