1 de agosto de 2014 00:00

Indígenas anuncian que seguirán juzgando bajo sus tradiciones

En los casos de justicia indígena, las personas son castigadas con agua fría y ortiga. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En los casos de justicia indígena, las personas son castigadas con agua fría y ortiga. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Sara Ortiz y Diego Bravo

La defensa de los cinco jóvenes procesados por el caso La Cocha espera que la Corte Constitucional (CC) les notifique oficialmente la resolución para acudir a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así lo confirmó ayer Raúl Ilaquiche, abogado de los procesados por este caso.

En la resolución de la Corte Constitucional se indica que, con base en la Acción Extraordinaria de Protección 0731-10-EP del caso La Cocha, las muertes violentas cometidas por gente de las comunidades indígenas serán juzgadas únicamente por la justicia ordinaria.

En ese hecho, registrado el 9 de mayo del 2010, cinco jóvenes de la comunidad La Cocha (Cotopaxi) fueron juzgados por la justicia indígena luego de un homicidio.

Posteriormente, ellos también fueron sometidos a la justicia ordinaria. Los dirigentes indígenas cuestionaron que lo ocurrido era un acto de doble juzgamiento.

No obstante, en su pronunciamiento la CC enfatiza que “no se ha configurado el doble juzgamiento” porque la justicia indígena sancionó los efectos sociales del hecho, mientras que la ordinaria investigó y juzgó la muerte.

Actualmente, los cinco jóvenes se encuentran libres, con medidas sustitutivas, viven en diferentes ciudades del país y se dedican a sus actividades personales. “Lo que ocurrió es atentatorio a los DD.HH. Vamos a analizar la sentencia punto por punto”, manifestó Ilaquiche.

Para Ramiro García Falconí, director del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, la resolución de CC abre brechas y deja indefiniciones pendientes. “Lo que está claro es que ciertos bienes jurídicos como la vida no entran en la justicia indígena ni la integridad personal.

¿Qué pasará con las fiscalías indígenas? Estas tienen la autoridad en la justicia de las comunidades y en la ordinaria”.

Según el jurista, estos temas tendrán que resolverse de inmediato porque, de lo contrario, quedará un vacío que los operadores de justicia no sabrán cómo resolver.

Los procesados por el caso La Cocha y dirigentes de esa comunidad del Cotopaxi no se han enterado de la resolución de la Corte Constitucional. Según Ilaquiche, la notificación ni siquiera ha llegado a su casillero judicial. Ayer por la tarde se conoció que el Parlamento Nacional de Pueblos del Ecuador tiene previsto reunirse la próxima semana en la Universidad Central para analizar la medida de la Corte. También, buscan acudir a organismos internacionales.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, participó en la cita con cinco representantes de nacionalides indígenas de la Sierra y Amazonía. Ellos resolvieron seguir administrando justicia conforme dispone la Carta Magna y los instrumentos internacionales.

“La Corte Constitucional no tiene facultades para reformar la Constitución. Está afectando la libre determinación de las comunidades”, manifestó el dirigente.

Tendencia en la región

Agustín Grijalva, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), dice que en A. Latina existe una tendencia a delimitar los alcances de la justicia indígena.

Cita el caso boliviano, en el 2010, cuando se creó la Ley del Deslinde Jurisdiccional. En materia penal, la jurisdiccional indígena no puede conocer ni resolver delitos de asesinato u homicidio, violación, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas.

El sistema jurídico indígena solo se aplica en los territorios y a los miembros de los pueblos y comunidades

En Colombia, en cambio, la CC de ese país estableció que se deben cumplir cuatro requisitos para juzgar a indígenas siempre que se respete lo que dicte la Constitución y las leyes de esa nación.

En contexto  

El artículo 171 de la Constitución dice que los pueblos indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para solucionar sus conflictos.

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