Habrá que incursionar en la Zona Intangible del Yasuní en busca de los taromenane, descifrar su idioma y hallar evidencias para juzgarlos -si aún viven- por las matanzas de Ompure y Buganey, waorani lanceados el 5 de marzo del 2013 en Yarentaro.
Eso es lo que cabe si la resolución de la Corte Constitucional (CC) sobre el caso La Cocha ha creado jurisprudencia. Allí reza que la justicia indígena no juzgará más homicidios. Entonces, como las dos muertes no han prescrito, los taromenane debieran ser juzgados con juez penal, defensor y fiscal.
A la par de la pesquisa, habrá que enmendar el artículo 57 de la Constitución, quizá con carácter de económico urgente -el petróleo entra en esa categoría-, y precisar que el territorio de los pueblos aislados permanecerá intangible solo en la medida en que no sucedan muertes con lanzas, como la de Ompure o la de operarios de la actividad extractiva.
El informe de la CIDH ‘Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas’ muestra una situación sofocante, por el petróleo. El Bloque 31 está parcialmente sobrepuesto en el norte de la Zona Intangible Taromenane (ZIT). Los bloques 16 y 17 llegan hasta el límite de los 10 kilómetros de amortiguamiento de la ZIT. Al sur hay más bloques. Y al este, el Perú opera con sus lotes 39, 67 y 121. Los taromenane se encuentran cercados.
Pero lo que ocurra con sus vidas no tendrá eco. La CC ha dispuesto que la prensa primero solicite permiso a la autoridad comunitaria concerniente, antes de informar sobre la justicia indígena. Los periodistas deberán pedir autorización al líder taromenane (entrar a la ZIT, cometer etnocidio), para hablar de la masacre del 30 de marzo del 2013 perpetrada por waorani, en venganza por Ompure y Buganey. ¿Cómo?
Mientras se descifran las secuelas del fallo de la CC en los pueblos no contactados (taromenane) y en contacto inicial (wao), habrá que claudicar en derechos. Habrá que callar la tragedia del Yasuní. Habrá que encarcelar a los taromenane.