23 de January de 2010 00:00

La justicia

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José Ayala Lasso

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La deficiente administración de justicia es una de las más graves  violaciones de los derechos humanos. La sensibilidad social se ve más directamente ofendida por crímenes atroces como las desapariciones forzadas, la tortura, la violación de menores, el secuestro, pero una justicia que ha perdido la confianza ciudadana, por corrupción o por ineficacia, causa un daño casi irreparable en la estructura de las instituciones del Estado. Una justicia en la que nadie o pocos creen, una justicia lenta, una justicia que pone más énfasis en lo procesal que en lo sustantivo fomenta el caos social y da origen a la aplicación del primitivo concepto de “hacer justicia por mano propia”.

 La justicia debe administrarse con  una venda en los ojos, lo que significa que su única guía debe ser la ley, la ley concebida como una norma general creada para regular la conducta del ser humano en sociedad. La justicia debe aplicarse sin discriminación alguna, en todos los casos y circunstancias, sin que consideraciones atinentes a la persona juzgada puedan influenciarla. La justicia debe restablecer el orden social herido por la comisión del delito y procurar la reforma del delincuente, pero sin olvidar que la impunidad estimula la violación de la ley.

La justicia debe gozar de plena independencia y autonomía. Cuando el Ejecutivo o el Legislativo manipulan los tribunales, la ciudadanía es ofendida y atacados sus derechos fundamentales, y la estructura del Estado sufre un atentado que la invalida. El pueblo reacciona. Recordemos que el fin del gobierno del coronel Gutiérrez comenzó cuando intervino indebidamente en la Corte Suprema.

La reforma de la justicia es un proceso que puede tomar años. Pero hay que llevarlo a buen término y el pueblo debe verlo y sentirlo. Qué penoso es constatar que aún en estos días abundan las deficiencias, errores e, incluso, corrupción de la justicia: fiscales que descalifican a los jueces, que discriminan entre quienes se encuentran inmersos en un mismo caso, jueces que dejan en libertad a personas acusadas con pruebas incontrastables, leyes que despenalizan lo que el sentido común sigue condenando, procedimientos engorrosos que no sirven para garantizar el debido proceso sino para dar pretexto a decisiones arbitrarias.

La politización de la justicia es lo peor que le puede ocurrir a un país.

La justicia tiene que ser una. No caben ni tribunales especiales ni justicias paralelas. Las tradiciones culturales  no pueden ir en contra de los progresos de la humanidad en defensa de la dignidad de todos. La prohibición de aplicar penas crueles, inhumanas o degradantes está vigente y no pueden alegarse usos locales en contra de ella.

En los actuales momentos de confusión que vive la sociedad ecuatoriana,  vale  meditar sobre estos conceptos fundamentales.
 

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