20 de noviembre de 2017 00:00

Las juntas parroquiales se movilizan por más atención

Para la junta de Pilaló es más fácil coordinar obras con la Alcaldía que con la Prefectura. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

Para la junta de Pilaló es más fácil coordinar obras con la Alcaldía que con la Prefectura. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 4
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 2
Adriana Noboa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Llegar desde Quito hasta Isinliví o Pilaló no es sencillo. La primera parroquia está en Sigchos y la segunda en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi.

La señalización en los caminos es insuficiente y en cada bifurcación se hace necesaria la orientación de los lugareños. Tomando las vías que están en mejor estado, el trayecto tarda más de lo debido por la irregularidad de los caminos.

Precisamente, el mejoramiento de las vías es la principal demanda del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), dentro de su campaña para exigir atención de las prefecturas y más asignación de recursos.

Estas dos juntas parroquiales son, a consideración del Conagopare, un ejemplo de desatención a la ruralidad.

En total hay 823 juntas en el país, que reciben el 6% del presupuesto asignado para los gobiernos locales, es decir, unos USD 192 millones. El otro 27% va a las prefecturas y el 67% a los municipios. Suman, en total, USD 3 207 millones.

Isinliví y Pilaló tienen alrededor de 3 000 habitantes cada una. Este limitado número -admiten los miembros de sus junta parroquiales- no es atractivo para ninguna autoridad de elección popular.

Debido a esto, prefieren invertir los recursos en lugares más poblados. Incluso, los recorridos de los prefectos por las zonas no son frecuentes. Alcides Semanate, vocal de la Junta de Isinliví, recuerda que la vialidad es responsabilidad de la Prefectura. De los seis caminos de acceso, apenas dos son transitables pero no son aptos para vehículos bajos.

En Pilaló, la situación es muy similar. Héctor Guamán, presidente de la junta, reclama porque los caminos de esa zona rural están descuidados. Esto empeora durante los inviernos, ya que suele haber deslizamientos y el agua también produce lodazales.

Por eso, cada junta decidió adquirir maquinaria, aunque debido a sus bajos recursos sigue resultando insuficiente. Semanate cuenta que de no ser por su retroexcavadora, con el último deslave hubiesen estado aislados 15 días.

A esto se suma la necesidad de fomentar la producción e implementar sistemas de riego. Todas estas son competencias de los prefectos, “pero no nos ayudan”, agrega.

Ambas juntas han invertido en obras menores, adoquinado, mantenimiento, maquinaria, proyectos sociales, semillas, reparaciones, ya que el presupuesto no alcanza para más. Y sostienen que es más fácil tratar con las alcaldías.

Para Guamán, no existe voluntad política para trabajar por la ruralidad. Este escenario se repite en casi todo el país, según el presidente del Conagopare, Bolívar Armijos.

Él lidera un enfrentamiento político frontal con las prefecturas, desde el 2014. Entonces planteó reformar la elección de sus titulares, para que sea solo por votación rural.

Esta propuesta ha llegado a manos de los dos últimos gobiernos, pero no ha prosperado. El más reciente proyecto de ley fue apadrinado por el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, pero la propuesta está en análisis en una unidad técnica.

El Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope) se opuso desde el inicio. Una marcha de los prefectos hizo que el Consejo de Administración Legislativa reconsiderara la calificación del proyecto.

Pero Armijos dijo que no permitirán que la propuesta “se bote al tacho de la basura”, nos vamos a levantar”. La primera demostración será mañana, con un plantón en las carreteras del país, de 06:00 a 08:00, aunque será “con altura”, sin piedras ni llantas.

Por eso, la bandera política del Conagopare ahora se centra en la lucha contra la ine­quidad en el sector rural. Para conseguir más recursos se requieren reformas al Código de Ordenamiento Territorial y modificar la asignación en la misma Constitución.
Armijos advirtió que, de no ser tomados en cuenta, recogerán firmas para una iniciativa popular normativa, que debe ser aprobada por la Asamblea en 180 días, e incluso hasta una asamblea constituyente.

El Congope ha rechazado una supuesta desatención a las zonas rurales y que los fondos provinciales se inviertan en las urbes. Gustavo Baroja, su titular, incluso pidió a la Contraloría que auditara los recursos de las instituciones y se conozca el destino que tienen.

Pero el prefecto de Loja, Rafael Dávila, acepta que el sistema de gobiernos locales, como tal, tiene falencias. El problema de fondo es de presupuesto: los recursos están mal distribuidos, ya que se reparten con base en la población. Esto sirve para los municipios, pero no para las prefecturas, dice.

Debería ser en función de la responsabilidad. Por ejemplo, Guayas tiene 5 800 km de vías rurales y Loja, 5 615 km. Pero la primera recibe USD 135 millones anuales y la segunda, 27.

Además, la distribución del 6% de presupuesto no responde a la realidad de cada junta parroquial. Hay 57 que reciben menos de USD 120 000 anuales. Incluso, hay otras que deben arreglarse con USD 20 000, que no alcanza ni para cubrir el gasto corriente, es decir para su funcionamiento.

El Prefecto advierte que además todos los niveles de gobierno tienen una carga burocrática enorme e ineficiente, y no reducen gastos innecesarios. Esto sube el rubro corriente y limita la inversión. Dar más fondos a las juntas -señala- subirá ese gasto, ya que se requerirá personal para contratar y ejecutar obras.

Además, los convenios entre todos los niveles de gobierno son legales y también comparten algunas competencias, por lo que las prefecturas sí pueden invertir legalmente en las urbes. Pero esto se podría reformar en las leyes y en la Constitución, para que los recursos sean orientados solamente a las zonas rurales.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (1)