Antes de las que las cosas se vayan a complicar, su majestad ha tenido a bien reunir nuevamente a su rebaño. Les ha pedido a sus asambleístas -más en tono de orden que de petición- que haya más unión y no cedan a las presiones.
No es para menos. Ha llegado a oídos del presidente que dentro de su hato hay ovejas negras que no quieren hacer caso, que se están volviendo renegadas, que quieren votar como les da la gana en la Ley de Comunicación y otros proyectos en la Asamblea.
La reunión del lunes, realizada con la presencia del Presidente y Vicepresidente, el buró de Alianza País y 50 asambleístas, fue para ratificar la línea vigente desde tiempos del ‘Congresillo’. Total sumisión al Ejecutivo, cero legislación (todo tendrá que mantenerse, es decir, recibir proyectos prefabricados en Carondelet) y cero fiscalización.
En lugar de ello, les han dicho que las tareas de pastoreo van a variar ligeramente. Como ahora los legisladores de País, de acuerdo con el nuevo reglamento, son parte del Directorio provincial del partido, tendrán que participar más activamente dentro de este ámbito.
¡Qué maravilla! Se asume que la tarea de legislar y fiscalizar no exige tiempo y dedicación. Por ello les han dado nuevas tareas. ¿Qué va a pasar con el resto de leyes que tendrán que aprobarse en los próximos meses? ¿Quién las hará y analizará? ¿Pasará lo mismo que la Ley Reformatoria al
Código de Procedimiento Penal, que convirtió delitos menores de USD654 en contravenciones?
La Asamblea Nacional ha perdido su autonomía y ha dejado de lado tareas esenciales como son legislar y fiscalizar.
Esta carencia de independencia con respecto del ejecutivo se manifiesta en la baja de las encuestas.
La firma de Santiago Pérez ha presentado cifras al respecto: el 60% de los ciudadanos confía poco o no confía en la Asamblea Nacional.
Es cierto que en el Ecuador y en la misma Región Andina el Congreso y los partidos políticos han sido históricamente las instituciones con menores grados de confianza. Sin embargo, si tomamos en cuenta que estamos en pleno proceso de transición y que venimos de una ‘refundación de la patria’, las cosas deberían ser distintas.
Está bien que exista cierto grado de cooperación y coordinación entre el Legislativo y Ejecutivo, pero esto no puede darse a costa de la independencia, autonomía y total sumisión de un poder sobre otro.
Los legisladores tienen que tomar en cuenta que su misión fundamental es velar por la nación y no por un proyecto político que no sabemos a la final cuándo acabe. Por cierto, ¿proyecto de quién?