El abogado de la Junta Cívica de Guayaquil, Roberto López, demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de DD.HH., en Washington.
La acusación se centra en la idea de que no existen órganos judiciales en Ecuador y que ninguno de los derechos garantizados por la Convención de esa Corte tiene una tutela real en el país.
Según la demanda, la Constitución de Montecristi fue violada. Por ejemplo, el ex Tribunal Constitucional se autoproclamó Corte Constitucional, pese a que la Carta Política establecía su selección a través de una comisión calificadora. Otro argumento es la aprobación de leyes, por parte de la actual Legislatura, por fuera de los plazos de la Constitución.
La conformación de la Corte Nacional de Justicia, con una mayoría de conjueces también alimenta la demanda. Miguel Palacios, presidente de la Junta, dijo que por esto no se puede reconocer la legalidad de las instituciones que imparten justicia en el país y se debe plantear la inconstitucionalidad de las leyes que emanan de ellas. Red. Guayaquil