Salas como estas fueron habilitadas, en Guayaquil, para la atención a los usuarios con el nuevo sistema judicial. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Código General de Procesos (Cogep) cumplió un año de vigencia en el país. La normativa, que implementó el sistema de juicios orales, fue evaluada por una Mesa de Justicia. El organismo, conformado por los representantes de ocho ministerios y entidades públicas, detalló ayer los resultados de la vigencia de la ley.
Por ejemplo, se indicó que desde el 23 de mayo del 2016, en el país se tramitaron 78 000 juicios en materias civiles, familiares, laborales, inquilinato, entre otros.
De esos, 3 000 fueron apelados. Para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, eso significa que apenas un 3% de los involucrados se mostró insatisfecho por las sentencias.
De hecho, ese fue uno de los parámetros que se establecieron en la evaluación. El otro era el tiempo que tardan los casos en resolverse. En este ámbito, los resultados arrojaron que existe una reducción. Especialmente en lo que respecta a los juicios laborales.
Antes del Cogep, una demanda de este tipo podía tardar hasta un año y tres meses. Ahora demora máximo tres meses y medio. La agilidad radica en que para demandar a una persona se tiene que presentar las pruebas desde el principio. Luego en una audiencia las partes exponen sus argumentos y el juez emite la sentencia. En cambio, antes, todos estos trámites se hacían por escrito y en medio del juicio, los abogados buscaban las pruebas para sustentar sus demandas. Lo mismo ocurría en casos de materia familiar.
Por ejemplo, los juicios por alimentos tardaban entre tres y seis meses. Pero con el Cogep, esos tiempos se redujeron a 15 días. Pero, para la Defensoría Pública aún persisten inconvenientes en este tipo de trámites. Ernesto Pazmiño, titular del organismo y miembro de la Mesa de Justicia que evaluó ayer al Cogep, dice que se debe agilitar trámites específicos como la citación.
Esto debido a que, según él, existen casos que tardan hasta cuatro meses para notificar los juicios. Actualmente, este proceso se realiza a través del servicio de correos.
Pero para Pazmiño, al menos el 40% de las citaciones en alimentos es devuelto porque el mensajero no encontró al demandado. Eso también lo corroboró ayer Jalkh.
De hecho, la Judicatura ha identificado que personas evaden las notificaciones porque viven en conjuntos habitacionales.
Actualmente, el Cogep establece que las notificaciones deben ser entregadas a los demandados. Pero no indica nada en cuanto a casos en donde el mensajero llega a la garita y no le dejan entrar al condominio. Por eso, se planteó una reforma al Cogep para evitar que esto ocurra.
Otro de los elementos que se evaluó es la capacitación de funcionarios como jueces y defensores públicos. Además, de la preparación de abogados en libre ejercicio.
Este último punto también fue debatido por la Defensoría. Según Pazmiño, se requiere más capacitación a los juristas. Desde esa entidad han identificado que los abogados aún intentan dilatar los procesos con escritos o aún no se acoplan al sistema oral.
Pero para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, eso no ocurre. Según el dirigente, son los jueces los que deben exigir a las partes que cumplan con las reglas. “Si esto no ocurre, significa que los funcionarios públicos son los que necesitan más capacitación”.
Además, indica que han presentado quejas al Consejo de la Judicatura sobre la normativa.
Entre esas está la falta de infraestructura, pues se requieren de más salas con equipos tecnológicos.
El Código General de Procesos entró a regir con 938 salas en Ecuador. Esos espacios fueron equipados con 58 aparatos de grabación. Únicamente en esos equipos se invirtieron USD 196 250.
Asimismo, existe una plataforma tecnológica para subir las causas orales. A ese sistema pueden acceder los jueces, secretarios, abogados y usuarios para conocer detalles del trámite judicial.
De esta forma se eliminó el papeleo y ahora las notificaciones se las realiza en línea.