9 de junio de 2016 00:00

Cuatro años de juicio marcaron la vida de los 10 de Luluncoto

En la gráfica aparecen ocho de los 10 de Luluncoto en las afueras de las Corte Nacional de Justicia (CNJ).Foto: Cortesía Karla Calapaqui

En la gráfica aparecen ocho de los 10 de Luluncoto en las afueras de las Corte Nacional de Justicia (CNJ).Foto: Cortesía Karla Calapaqui

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Fernando Medina
Redacción Seguridad (I) 
seguridadec@elcomercio.com

Camina por los pasillos de la Facultad de Jurisprudencia, en la Universidad Central. Allí estuvo ayer Fadua Tapia. Era apenas las 08:00 y sus amigos la abrazan y felicitan por el fallo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “Eres libre, todo terminó ahora”, le decían.

Por primera vez, en cuatro años y dos meses, siente que esas palabras son una realidad. En ese tiempo, ella y nueve jóvenes más fueron acusados y sentenciados a un año de prisión por el delito de tentativa de terrorismo. Sin embargo, la mañana del martes, eso quedó sin efecto, pues la Sala Penal de la CNJ declaró extinta la pena del caso de los 10 de Luluncoto.

El fallo argumentaba que la figura por la que fueron enjuiciados ya no existe, pues fue eliminada en el nuevo Código Integral Penal (COIP), que entró a regir en agosto del 2014.
Por esa razón, al no existir la figura, la falta no existió y el proceso terminó legalmente.

Tapia no fue a la cárcel, pues por su embarazo recibió arresto domiciliario de cinco meses. En ese tiempo, los agentes le acompañaban a todos los chequeos médicos. Tenía que dormir con la puerta abierta para que le vigilaran los custodios.

Igual tenía que hacer cuando desayunada o almorzaba. Por eso dice que tuvo dos amenazas de aborto y la custodia terminó tres semanas antes de dar a luz. Ella tenía cuatro meses de gestación cuando fue detenida junto a sus compañeros en un departamento en Luluncoto, al sur de Quito.

Sucedió el 3 de marzo del 2012. Ese día la Policía montó un mega operativo para apresarlos, pues en ese entonces se decía que eran los responsables de la detonación de cuatro bombas panfletarias en 2011, en Quito, Guayaquil y Cuenca.

De allí que siete de ellos pasaron nueve meses en prisión. Pablo Castro fue parte del grupo. Él organizaba eventos de banquetes y cursaba el cuarto semestre de la carrera de Gobernabilidad en una universidad.

El día que fue detenido, su hijo cumplía dos meses de nacido. Sus padres y suegros se encargaron de la alimentación y de todo lo que requería el bebé, pues desde la cárcel no podía ayudar a su familia.

Al salir de prisión buscó trabajo en al menos tres empresas, pero nadie lo contrataba al saber que era acusado de terrorista. Por eso tuvo que viajar a Riobamba, donde consiguió trabajo en una oficina de abogados.

Con eso mantiene a su esposa e hijo que vive en Quito.
Ayer, desde esa ciudad contó que el impacto psicológico que les originó el proceso afectó también a sus padres, pues mientras estuvo detenido, la Policía realizó allanamientos en las casas de los 10 procesados y de los familiares.

Ese momento también es recordado por Abigail Heras, otra de las integrantes del grupo. Ella dice que ese episodio le marcó, pues mientras estaba detenida en Quito, 40 policías ingresaron en la madrugada a su casa en Cuenca.

Su hijo de tres años se levantó por el ruido de los agentes que estaban encapuchados y armados. Después de eso tuvo problemas para hablar y requirió cuatro meses de terapias de lenguaje. Ahora, está bien, pero aún no entiende qué paso.

Lo mismo sucedió con el hijo menor de Víctor Hugo Vinueza. El niño tenía cuatro años cuando su padre no regresó a casa durante los nueve meses que estuvo encarcelado. Su madre y hermanos le inventaron un cuento en el que le decían que su papá estaba ayudando a personas y que no podría regresar hasta concluir.

Vinueza, al igual que sus compañeros, fue despedido de su trabajo, en el que laboraba desde hace 24 años. El tiempo que estuvo preso, sus hermanos y amigos organizaron hornados solidarios y peñas para costear los gastos de su familia y el pago a los abogados.

Por eso, actualmente analizan la posibilidad de demandar al Estado por una reparación integral y “sancione a jueces, policías y fiscales del caso.

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