28 de septiembre de 2015 19:10

A juicio presunto autor material de desaparición de 43 estudiantes mexicanos

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Agencia EFE
México

Un juez mexicano ordenó procesar a Gildardo López Astudillo, alias 'El Gil', por el delito de delincuencia organizada al estar vinculado, como presunto autor material, con la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó hoy en un comunicado que el Raúl Valerio Ramírez, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Ramírez actuó en auxilio del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, que había ordenado la captura y exhortó al juez a recabar la declaración preparatoria y resolver la situación jurídica del inculpado. López, presunto miembro del cártel de Guerreros Unidos, fue ingresado el pasado 18 de septiembre al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, central Estado de México.

Las fuerzas de seguridad mexicanas lo detuvieron el 16 de septiembre en la ciudad de Taxco, en el sureño estado de Guerrero. El sujeto actuaba como presunto jefe de un grupo dedicado a la extorsión y a la distribución de droga, especialmente en los municipios de Iguala y Cocula, ambos en Guerrero, sur de México. 'El Gil' está vinculado con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y varios imputados en este caso lo señalan directamente como el autor material.

Según la versión oficial, esa noche un grupo de policías a sueldo de Guerreros Unidos dispararon en Iguala contra decenas de estudiantes por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca, supuestamente para evitar que sabotearan un acto oficial. Seis personas murieron, incluidos tres alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y 43 jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero de Cocula. Sin embargo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudia el caso desde marzo pasado aseguró en un informe reciente que es imposible que los jóvenes fueran incinerados allí y denunció graves irregularidades en la investigación.

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