Redacción Política
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‘Rosana eres mi luna. Firma: Paco Velasco”. El graffiti se lee en las paredes de las calles cercanas a la Asamblea Nacional.
Alude a una supuesta relación amorosa entre ambos cuadros de Alianza País: Rosana Alvarado y Paco Velasco, de radio La Luna.
Ellos son dos de los cuatro asambleístas que encabezan el pedido de juicio político al fiscal Washington Pesántez. Los otros demandantes son María Paula Romo y Virgilio Hernández.
La solicitud para iniciar este proceso tuvo el respaldo de 33 firmas. Aunque algunos asambleístas consideran que los demandantes presentaron a nombre del bloque su opinión personal. El tema, incluso, dio lugar a un cruce verbal con el presidente Rafael Correa, quien cuestionó que se pusiera en duda la probidad (honestidad) del Fiscal, su amigo.
“No voy a responder ni a justificar nada. ¿Qué hago, pedir una indagación? Supongo que viene de la Fiscalía. No es ni malo, me parece poético”, dice la asambleísta Alvarado cuando se le pregunta por el graffiti.
A pesar de que este proceso recién arranca, la defensa o el ataque no son recientes, según Hernández. Contó que su hija de 22 años pidió ayuda a la Policía, tras sentir que la seguían. Supone que es una retaliación por el juicio.
La Comisión de Fiscalización escuchó ayer a 13 de los 33 testigos que Romo y el Fiscal llamaron. En la mañana, solo asistieron la socialista Silvia Salgado, presidenta de la comisión; los oficialistas Betty Amores y Mauro Andino y Marco Murillo (Amauta).
Con retraso se incorporaron a la sesión César Rodríguez y Pamela Falconí (A.País), así como Scheznarda Fernández (PSC) y Ramiro Terán (MPD). Faltaron ‘Dalo’ Bucaram (PRE) y Galo Lara (PSP).
También estuvo la suplente de Gastón Gagliardo, Odalia Briones. Gagliardo, quien hace uso de su licencia por paternidad, es hermano de Antonio Gagliardo, fiscal Distrital del Guayas, citado por la mesa de Fiscalización. Durante 15 días no asistirá a la Asamblea. Solo acudirá el viernes, a la comparecencia del Fiscal y el día en que se realice la votación.
En la mañana de ayer se receptaron los primeros testimonios. Los funcionarios de la Fiscalía no explicaron por qué no se entabló una demanda en contra de la Universidad Técnica Particular de Loja, a cargo de elaborar las pruebas del concurso de oposición para designar a los ministros fiscales, agentes fiscales y fiscales de adolescentes infractores.
Este centro, supuestamente, falló al no guardar la confidencialidad de los exámenes. Bolívar Figueroa, agente fiscal de Cariamanga, denunció que se trató de vender las pruebas en 5 000 dólares. La Fiscalía rompió el contrato con esa Universidad y su personal preparó los exámenes.
Tampoco respondieron por qué no se siguió la norma constitucional para nombrar fiscales indígenas, también por concurso de oposición. Según los interpelantes, esos cargos se cubrieron a través de acuerdos con el Consejo de Nacionalidades y Pueblos.
Este trámite ha logrado que la opinión pública ponga los ojos en la Comisión de Fiscalización, que la oposición llama de “archivo”. Esto porque no han prosperado pedidos de juicio anteriores a los ministros de Obras Públicas, Electricidad y Defensa ni a la Superintendenta de Bancos.