7 de April de 2010 00:00

El juicio al Fiscal muestra las caras del ataque y la defensa

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Redacción     Política 
politica@elcomercio.com

‘Rosana eres mi luna. Firma: Paco Velasco”. El graffiti se lee en las paredes de las calles cercanas a la Asamblea Nacional.

Alude a una supuesta relación amorosa entre ambos cuadros de Alianza País: Rosana Alvarado y Paco Velasco, de radio La Luna.

Ellos son dos de los cuatro asambleístas que encabezan el pedido de juicio político al fiscal Washington Pesántez. Los otros demandantes son   María Paula Romo y Virgilio Hernández.

La solicitud  para iniciar este proceso tuvo el respaldo de  33 firmas. Aunque algunos asambleístas consideran que los demandantes presentaron  a nombre del bloque su opinión  personal. El tema, incluso, dio lugar a un cruce verbal con el presidente Rafael Correa, quien cuestionó que se pusiera en duda la probidad  (honestidad) del Fiscal, su amigo.

 “No voy a responder   ni a justificar nada. ¿Qué hago,  pedir una indagación? Supongo que viene de la Fiscalía. No es ni malo, me parece  poético”,  dice la asambleísta   Alvarado cuando se le pregunta por el graffiti.

 A pesar de que este  proceso recién arranca, la defensa o el ataque no son recientes, según Hernández. Contó que su hija de 22 años pidió  ayuda a la  Policía,  tras sentir que la seguían. Supone que es una retaliación por el juicio.

La  Comisión de Fiscalización  escuchó ayer a  13 de los 33 testigos que Romo y el Fiscal llamaron.     En  la mañana, solo asistieron la socialista Silvia Salgado, presidenta de la comisión; los oficialistas  Betty Amores y   Mauro Andino  y Marco Murillo (Amauta). 
 
Con retraso se incorporaron a la sesión  César Rodríguez y Pamela Falconí (A.País), así como Scheznarda Fernández (PSC) y  Ramiro Terán (MPD). Faltaron ‘Dalo’   Bucaram (PRE) y  Galo Lara (PSP).

También estuvo la suplente de Gastón Gagliardo, Odalia Briones. Gagliardo, quien  hace uso de su licencia  por  paternidad, es  hermano de Antonio Gagliardo, fiscal Distrital del Guayas, citado por la mesa de Fiscalización.     Durante 15 días   no asistirá a la Asamblea. Solo   acudirá el viernes, a la comparecencia del Fiscal  y el día en que se realice la votación.

 En la mañana de ayer  se receptaron los primeros testimonios. Los funcionarios de la Fiscalía  no   explicaron por qué no se entabló  una demanda en contra de la Universidad Técnica Particular de Loja, a cargo de elaborar las pruebas del concurso de oposición para  designar a los ministros fiscales, agentes fiscales y fiscales de adolescentes infractores.

Este centro, supuestamente, falló al no guardar la confidencialidad de los exámenes. Bolívar Figueroa, agente fiscal de Cariamanga, denunció que se trató  de  vender las pruebas en  5 000 dólares. La Fiscalía rompió el contrato con esa Universidad y  su personal preparó los exámenes.
   
Tampoco respondieron por qué no se siguió  la norma constitucional para nombrar  fiscales indígenas, también por  concurso de  oposición. Según los interpelantes,   esos  cargos se cubrieron a  través de acuerdos con el Consejo de Nacionalidades y Pueblos.  

Este trámite ha logrado que la opinión pública ponga los ojos en la Comisión de Fiscalización, que la oposición llama de “archivo”. Esto porque no  han prosperado  pedidos de juicio anteriores a  los ministros de Obras Públicas, Electricidad y Defensa ni a  la Superintendenta de Bancos.

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