26 de septiembre de 2017 00:00

711 jueces han sido destituidos por tres causas desde el 2011

JoffrE Flores Archivo / EL COMERCIO El 17 de septiembre, Madeline Pinargote denunció al Consejo de la Judicatura por un aparente tráfico de influencias.

El 17 de septiembre, Madeline Pinargote denunció al Consejo de la Judicatura por un aparente tráfico de influencias. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 26
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 2
Sara Ortiz

Viernes 11 de septiembre del 2015. A las 05:00, Madeline Pinargote, jueza de la Corte Provincial del Guayas, recibió una notificación electrónica del Consejo de la Judicatura (CJ). Se le informaba que desde ese momento estaba destituida de su cargo.

Dos horas más tarde, Pinargote dio a luz a su hijo; la jurista dice que ahora el niño presenta problemas de salud provocados por el estrés y depresión que sufrió durante el embarazo y tras el parto. “No pude amamantarlo, porque todo el tiempo pasé llorando. Tenía estrés y sentía que mi carrera judicial había terminado”.

Ahora, Pinargote lidera un grupo nacional de jueces destituidos por el actual Consejo de la Judicatura y el de Transición, que estuvo en funciones 18 meses y se encargó de “modernizar la justicia”.

Desde la transición, que inició en agosto del 2011, hasta mayo del 2017, 711 jueces han sido destituidos por error inexcusable, negligencia manifiesta y falta de motivación.

Estas son las tres causas legales por las que un servidor judicial puede ser separado definitivamente de sus cargos.

Esos puestos han sido ocupados por otros juristas y ahora la Judicatura dice que en el país operan 2 083 jueces. Esto significa una tasa de 12,6 magistrados por cada 100 000 habitantes; las autoridades advierten que es una de las tasas más altas de América Latina.

Los 711 jueces separados de sus cargos corresponden al 34% de todos los que trabajan a escala nacional. Este Diario levantó los datos con base en las rendiciones de cuentas y boletines oficiales del CJ, pues desde el 7 de septiembre se pidió información oficial y hasta el 25 de este mes no hubo una respuesta.

En el 2015, la organización Human Rights Watch, ya cuestionó la destitución de los magistrados y aseguró que los métodos aplicados para la separación son “seriamente cuestionables”.

En los dos últimos meses, los servidores separados han denunciado presuntas presiones por parte de funcionarios que trabajaban en el gobierno de Rafael Correa. Hablan de la falta de independencia judicial y presentaron una demanda penal por supuesto tráfico de influencias en contra de Gustavo Jalkh, presidente del CJ.

Alexander Espinales, fue juez de la Corte de Los Ríos y fue destituido en el 2015. Tuvo a su cargo una acción de protección planteada en contra del Municipio de Babahoyo y contó que él y otros jueces fueron citados por un funcionario de la Judicatura antes de emitir su pronunciamiento en la sentencia. “Se nos quería obligar a cambiar de criterio jurídico, algo que era ilegal”. Tras conocer este caso lo separaron de sus funciones judiciales.

Pinargote dice que su caso es un ejemplo de la falta de independencia. Sostiene que su destitución fue por haber declarado la nulidad en el juicio por lavado de dinero en contra de la empresa Fondo Global de Construcción S. A. Tras este fallo también ordenó la devolución de USD 57 millones incautados a la empresa.

Actualmente, la exjueza enfrenta una denuncia en su contra por prevaricato, por la que podría recibir hasta cinco años de cárcel. Además, la Contraloría le inició una investigación. Esto ocurrió después de que la Judicatura solicitara, el 24 de agosto pasado, un examen a las declaraciones de bienes de nueve jueces destituidos, entre estos también a Pinargote. “No he podido trabajar, porque mi nombre está manchado. Me han iniciado una coactiva, porque no he podido pagar las tarjetas de crédito, pues con estas compraba la comida para mis hijos”.

Ángel Cojitambo es otro juez destituido. Estuvo tres años a cargo de la Unidad Multicompetente de El Empalme (Guayas). Según la Judicatura, el funcionario fue separado en el 2016, porque ordenó el embargo y remate de un predio ubicado en la zona urbana del cantón Naranjal (Guayas) y que incluye edificios públicos, viviendas particulares, parques, centros educativos y más.

Cojitambo no niega que haya ordenado el embargo de ese predio, pero aclara que como juez fue engañado pues el registrador de la propiedad y un perito del Guayas le entregaron información forjada sobre el terreno en litigio. “Yo resolví conforme a derecho, pero fui inducido a un error, porque se me presentó una prueba falsa”. Él presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del registrador de la propiedad, pero su caso sigue en indagación.

Jalkh se ha referido a destituciones, como las de Pinargote y Cojitambo. Sobre ella aseguró que se fue “por haber seguido actuando sin competencia; actuó con manifiesta negligencia”. Mientras sobre Cojitambo dijo que su error fue “gravísimo”.

Un informe de la Defensoría Pública señala que el error inexcusable “es una forma de violencia institucionalizada que controla directamente o disuade a los servidores judiciales frente a los intereses políticos del Gobierno”. Esta entidad impulsa la eliminación de esta figura del Código de la Función Judicial, pues dice que afecta a la independencia.

El Presidente de la Judicatura defiende la aplicación del error inexcusable. Afirma que es una figura legal que permite sancionar a los operadores de justicia que no actúan apegados a la ley. Él debe comparecer mañana en la Comisión de Justicia de la Asamblea y entregar datos sobre cómo se aplican las sanciones.

En contexto

Asambleístas de oposición impulsan el posible juicio político de Gustavo Jalkh. Ellos presentarán como pruebas los correos supuestamente de la Presidencia, que fueron filtrados y en donde se evidenciaría la injerencia del poder político en la justicia.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (4)
No (2)