22 de julio de 2015 15:10

Judicatura respondió a informe internacional que cuestionó a la justicia ecuatoriana

El presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh cuestionó informe. Foto: Archivo

El presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh cuestionó informe de Human Rights Watch. Foto: Archivo

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Redacción Seguridad (I)

Este 22 de julio, las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y de los Ministerios del Interior, de Justicia y Coordinador de Seguridad, dieron a conocer las estadísticas judiciales del primer semestre de este año.

El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, informó que con el incremento de jueces y fiscales la productividad aumentó tras la vigencia del Código Penal. Así, en 2014 se despachó un 130% de causas ingresadas, mientras que en 2008, se resolvió un 30%. “Esto, junto a la depuración y a la declaración de abandono de causas, representa una descongestión real del sistema. Esta tendencia se mantiene en el año 2015”, señaló.

El titular de la Judicatura explicó que este año se registra un 96% de audiencias que se cumplen en la primera convocatoria, es decir, apenas el 4% no se efectúa. La situación era distinta en 2012, cuando hasta el 50% de diligencias fallaba.

Otra innovación del COIP, vigente desde agosto del año pasado, fue la implementación del procedimiento directo. Al respecto, el presidente Jalkh explicó que de 28 000 delitos calificados como flagrantes, el 35% se tramitó bajo este tipo de juicio. “Esto significa una reducción del 40% de la carga procesal en los tribunales penales y una disminución, en tres veces, del tiempo de duración de los procesos”, señaló.

También informó que Ecuador tiene una tasa de 148 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región.

Resaltó que en este año se registra un 0,03% de caducidades de prisión preventiva, mientras que en 2008 esta cifra alcanzó el 17%.

Informe de Human Rights Watch

Jalkh y las autoridades de la Mesa de Justicia rechazaron el informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch que cuestiona al sistema judicial ecuatoriano.

En el documento emitido el pasado 21 de julio se asegura que en el Ecuador el sistema judicial retrasa indebidamente las apelaciones de manifestantes y posterga las audiencias en procesos en los cuales altos funcionarios habrían expresado su acuerdo con las condenas.

Sobre esto, Jalkh sostuvo que estas afirmaciones carecen de sustento legal y generan confusión jurídica en muchos temas. “Se dice que el principio de favorabilidad debería aplicarse de oficio, lo cual es una barbaridad. Tenemos una norma jurídica que establece que cuando hay sentencia, este principio se aplica solamente a solicitud de parte”, indicó.

Según el COIP, el principio de favorabilidad o ley posterior más benigna, estipula que “en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se debe aplicar la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”.

En este marco, Gustavo Jalkh destacó que desde la vigencia del COIP, esta disposición se aplica con total celeridad. Se presentaron 2 792 solicitudes de audiencias de este tipo, de las cuales se realizaron 2 775 y 17 están agendadas. Como resultado de las diligencias cumplidas, 2 237 personas salieron libres y 538 requerimientos fueron negados. “No hay ninguno pendiente”, dijo.

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