30 de December de 2009 00:00

La Judicatura destituyó a siete jueces por intervenir en el juicio a Ostaiza

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Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com

El Consejo de la Judicatura consideró ayer que siete jueces penales de Guayas actuaron “sin competencia” en el caso Huracán de la Frontera y  los destituyó.
 
El juicio se inició tras el hallazgo de 4,5 toneladas de cocaína en un allanamiento de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía a una finca en el sector Campanita, en San Lorenzo,  Esmeraldas.



El origen del caso
Según la Policía,  el caso Huracán de la Frontera   tuvo sus inicios en octubre de 2007, con el operativo Huracán Verde. Un año después, una investigación de la UIES permitió establecer una presunta red de narcotráfico, vinculada a los hermanos Ostaiza y a la guerrilla de las FARC.
Agentes del GIR  y del grupo GEMA montaron un operativo en  Campanita, en las riberas del río Mataje, cantón San Lorenzo, frontera con Colombia. Se hallaron  310 bultos de sacos de yute enterrados; estos contenían
4 415 paquetes de cocaína.Se calcula que las 4,5  toneladas de  droga  incautadas  tienen un   valor  de USD 240 millones en el mercado negro. La UIES determinó que la finca supuestamente pertenece a uno de los hermanos Ostaiza. Ellos tenían relación con Ignacio Chauvín, ex subsecretario de Gobierno. 

“La sanción administrada a los jueces es por haber conocido, sin tener competencia, un juicio que sabían perfectamente que se había cometido en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas y que, por tanto, debieron excusarse, pero no lo hicieron”, enfatizó  el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos.

Los jueces de Guayas no podían investigar un hecho registrado en otra localidad, dijo. Según la resolución, los retrasos en la definición  de la jurisdicción permitieron  la caducidad de la prisión preventiva de los procesados.

Por ese motivo, señaló, el organismo administrativo de la Función Judicial resolvió destituir a Zoila Alvarado Moncada, actual jueza del Décimo Tribunal de Garantías Penales (antes jueza Cuarta de lo Penal de Guayas); Édgar Salazar Vera, juez Décimo de lo Penal; Luis Santana Benavídez, juez Segundo de lo Penal, y Galo Almeida Tapia, juez suplente Octavo de Garantías Penales.

Además,  destituyó a Carlos Luis Ortega, Marco Quimí Villegas y Faustino Castro Tobar, juez, conjuez y tercer conjuez de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura sancionó, con suspensión por 30 días, sin goce de remuneraciones, a Humberto Rodríguez  y a Joel
Arias, jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, por haber presentado excusa para conocer el caso.

Asimismo, fueron suspendidos por 15 días sin   remuneración a Jacinto Rivera  y Eugenio Gijón, conjueces de la Corte  de Esmeraldas, por no haberse pronunciado sobre lo principal, esto si confirmaban, revocaban o modificaban el auto de llamamiento a juicio, y solamente dictar el auto de caducidad de la prisión preventiva de los procesados.

En el juicio  por presunto narcotráfico fueron procesados los hermanos Édison, Miguel y

Jefferson Ostaiza; los dos primeros detenidos y el tercero prófugo. 

El organismo judicial, también, multó a David Valencia Rosales, secretario de la Corte Provincial de Esmeraldas, con el 10% de su remuneración, por haber infringido la disposición del inciso cuarto del art. 169 del Código de Procedimiento Penal.

Mientras que absolvió a Víctor Güilcapi Camacho, juez de la Corte Provincial de Esmeraldas, y a Dora Vargas Troncoso, secretaria del Juzgado
Cuarto de lo Penal del Guayas, ahora jueza del Tercer Tribunal Penal del Guayas, por no tener ninguna responsabilidad en la caducidad de la prisión preventiva de los imputados.

El Consejo de la Judicatura, cuya resolución fue adoptada  por unanimidad del Pleno (ocho integrantes), remitirá a la Fiscalía General copias certificadas de las piezas procesales respectivas.

También enviará el texto de la resolución para que inicie las acciones disciplinarias, de inmediato, por la actuación del fiscal del Guayas, Jorge Solórzano.

El caso salió a la luz  tras  una pista que recibieron miembros de   la UIES el 20 de octubre de 2007, con el operativo Huracán Verde. En las investigaciones se estableció un nexo de Ostaiza con José Ignacio Chauvín, dirigente de Alianza País, quien junto a otras 21 personas es investigado por su presunta participación en tráfico de drogas y lavado de activos. 

A inicios de 2009, el fiscal  Solórzano extendió la instrucción fiscal a  Chauvín y pidió a la entonces jueza Cuarta de lo Penal de Guayas,  Alvarado, medidas cautelares como la prisión preventiva y la prohibición de salida del país.

El juez Sexto de lo Penal de San Lorenzo, Segundo Caicedo, dictó auto de llamamiento a juicio en  contra de los procesados, como presuntos autores de tenencia y posesión ilícita de droga incautada en ese operativo.

Además de los hermanos Ostaiza, fue llamado como cómplice del presunto ilícito José Ignacio Chauvín, ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, en la administración de Gustavo Larrea.

La Fiscalía de Pichincha inició otra instrucción fiscal por un presunto delito de lavado de activos, en el que se imputó a varios de los sindicados, como los Ostaiza.

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