15 de mayo de 2015 17:02

Juan José Castelló: ‘El Estado no aportó al Fondo del Magisterio, esta es una cortina de humo’

Juan José Castello

Juan José Castelló es presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Mariela Rosero

Juan José Castelló considera arbitraria la toma de posesión del Fondo de Cesantía del Magisterio ejecutada ayer, 14 de mayo, por el Biess. Este viernes 15 de mayo del 2015, el expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) dijo a EL COMERCIO que el Fondo de los maestros ha reunido USD 405 millones en 23 años, mientras que los otros siete fondos intervenidos solo 3 millones.

Castelló, de 62 años, junto con Jaime Carrillo y Marcelo Montenegro, representantes de los técnicos docentes y de los supervisores, propuso crear el Fondo de Cesantía del Magisterio entre 1990 y 1992. Sostiene que el Fondo no ha recibido aportes del Estado.

¿Cuántos afiliados y cuántos recursos tiene hasta hoy el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano?

Hay 126 000 socios, mayoritariamente de Guayas, Manabí, Pichincha. Hay USD 405 millones en 23 años. La vida del Fondo tiene momentos muy claros y resultados categóricos, en el 2002 cuando quebró Filanbanco, el Fondo recibió USD 15 millones. En 12 años llegamos a tener USD 420 millones, lo que muestra un crecimiento extraordinario del ahorro de los maestros.

¿Por qué al Gobierno le interesa administrar este Fondo y otros? Dicen que ha recibido recursos del Estado.

Son fondos que ponen en pantalla, para decir que varios fondos pasan al Biess, pero son totalmente pequeños. Entre los otros fondos que administrará el Biess suman USD 3 300 015. Al Presidente de la República le vendieron la idea de que había recursos del Estado en el Fondo de Cesantía del Magisterio. Esos funcionarios están desesperados porque en el camino se demuestra que no hay. El abogado León Roldós entregó estudios históricos en los que se demuestra que el Estado no colocó recursos. Este sainete apunta a poner una cortina de humo.

¿Qué han hecho en 23 años con esos ahorros de los maestros?

Con esos recursos hemos construido 37 ciudadelas, más de
8 000 viviendas. Con ese dinero hemos dado 300 000 créditos por más de USD 800 millones a los afiliados. En los últimos años se han entregado más de USD 90 millones a los jubilados en efectivo.

¿Qué tanto conocen los socios sobre sus ahorros?

El Fondo tiene directorio provincial, asamblea por circuitos, convención provincial y nacional, alto nivel de participación del afiliado, que toma decisiones, se le rinde cuentas, conocen cuántos ahorros tienen.

¿Usted como cabeza del Fondo de Cesantía del Magisterio qué acciones tomará?

El jueves 14 de mayo en la noche se ha producido un hecho que representa una arbitrariedad, hay auditoras externas contratadas para revisar el manejo de 64 fondos. La nuestra es KPMG, con renombre internacional. Y nos llama la atención que recién para el martes 19 de mayo próximo nos hayan convocado para la lectura del informe borrador del trabajo de KPMG. Luego de eso empezará un período de descargos. Es inaudito que se tome por asalto al Fondo, es una cuestión desproporcionada, y a media noche ingresan a una institución de derecho privado con policías, es algo que parece dictadura.

¿Qué podría probar que el Fondo de Cesantía del Magisterio tiene recursos privados?

Reitero que recién a mediados de junio se tendrá el informe definitivo. Causa sorpresa que digan que ya han encontrado recursos del Estado. La auditora le solicitó al Ministerio de Educación que presente datos sobre qué valores, con qué presupuestos se ha entregado recursos. Y hay 76 días de silencio administrativo, no contestaron. Y se trata de la única instancia que pudo entregarnos recursos del Estado.

¿Cuál es su opinión sobre lo dicho este día en rueda de prensa por directivos de la Red de Maestros por la revolución educativa? Aseguran que la familia Castelló se ha beneficiado del Fondo.

Hay un plan, repiten algo sui géneris. Ya fueron a la Asamblea Nacional a dar esos datos. No entregaron documentos, solo hicieron una presentación en power point sin derecho a réplica. Rechazo a nombre personal y de mi familia aseveraciones falsas y tendenciosas.

¿Por qué su hermano está al frente del proyecto Sabanilla, por el que se motivó a socios del Fondo a comprar acciones para construir la central hidroeléctrica? Es una de las denuncias del nuevo gremio de maestros.

Mi hermano Francisco es ingeniero eléctrico, con renombre en el país, es un referente de los profesionales del sector. A él le pedimos que asuma la dirección técnica del proyecto. Es una gran oportunidad para invertir. Además eso ya no tiene que ver con el Fondo. Los maestros están con un patrimonio autónomo. Se han invertido USD 13 millones. En mayo del 2013, en una convención nacional en Cuenca, se invitó a participar a los maestros. Se dijo cada maestro aporta en un fideicomiso un patrimonio autónomo, que es propiedad solo de ellos, no es del Fondo ni de una persona. El administrador es una empresa fiduciaria. Es ridículo que planteen que el profesor Juan José Castello le dio a su hermano ese fondo de inversión.

Otra denuncia, ¿por qué el Fondo no es dueño de la constructora Sol Vivienda?

Sol Vivienda fue creada por el Fondo de Cesantía del Magisterio en el 2004, primero fue creada para fiscalizar a los contratistas, luego hizo diseños construyó. En el 2012 la nueva Ley de Instituciones Financieras prohibió que el Fondo sea accionista de una empresa que no sea financiera y por eso lo lógico fue que el equipo técnico asuma su dirección y nos brinde servicios. Fueron parte de la fiscalización de más de 27 profesionales y empresas constructoras. La Ciudadela de El Condado con 700 viviendas fue construida por cuatro empresas. Una condición legal nos impidió seguir siendo accionistas de la constructora. Seguimos dándoles contratos para construir nuestras viviendas. Era lógico y obvio. De cientos de proveedores se han puesto a buscar observaciones en unos cuantos.

¿Qué opina de lo ocurrido esta mañana, las notificaciones de separación de trabajadores del Fondo?

Hay alrededor de 220 trabajadores en las oficinas en 24 provincias del país, en todos los cantones. Es un tema bastante agresivo. Nuestra impugnación se basará en que no existe la certificación de que el Fondo recibió recursos del Estado. KPMG no ha dicho nada aún.

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