14 de marzo de 2017 00:00

676 401 adolescentes podrán votar en la segunda vuelta

Juan Carlos pÉREZ, archivo / EL COMERCIO Este es uno de los adolescentes que ejerció su derecho al voto en Quinindé (Esmeraldas), el 19 de febrero.

Este es uno de los adolescentes que ejerció su derecho al voto en Quinindé (Esmeraldas), el 19 de febrero. Foto: Archivo / EL COMERCIO 

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Redacción Política

El sufragio de los adolescentes representa el 5% del padrón electoral del 2017. Para las elecciones presidenciales están habilitados 676 401 personas entre 16 y 18 años que podrían inclinar la balanza para cualquiera de las dos tendencias en la segunda vuelta.

Este 2 de abril los menores de 18 años podrán acogerse al voto facultativo. Los que vayan a las urnas escogerán entre Guillermo Lasso de Creo-SUMA y Lenín Moreno de Alianza País.

La importancia de este segmento de la población tiene dos aspectos a considerar: el primero es el número creciente de electores. En el 2009 estaban empadronados 453 535 adolescentes. Ocho años después cerca de 222 000 están registrados.

En segundo lugar está la mayor participación y, por ende, menor ausentismo de los adolescentes, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el 2009 hubo 35,1% de electores que no fue a las urnas. En el 2013 la cifra fue del 31,1% y en el 2014, cuando se desarrollaron las elecciones seccionales, los niveles cayeron al 27,8%.

Ese año hubo mayor participación de los adolescentes en Los Ríos, Manabí y Napo. En los tres casos la participación bordeó el 80%.

Las autoridades esperan que la cifra continúe la tendencia y que haya más jóvenes que deciden acercarse a las urnas. En el CNE procesan los datos de las elecciones del 19 de febrero cuando se escogió entre ocho presidenciales, asambleístas, parlamentarios andinos y una consulta popular.

También se realizan campañas audiovisuales para mejorar la participación. Con la Constitución del 2008 se consagró al voto facultativo como un derecho para los menores de 18 años, mayores de 65, militares y policías en servicio activo, personas con discapacidad, privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada y extranjeros que hayan residido en Ecuador desde hace cinco años antes de la elección.

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