27 de junio de 2016 21:13

Un joven de 16 años es sospechoso de apuñalar a su padre para evitar agresión a su madre

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Fernando Medina

El hecho ocurrió en El Inca, un barrio del norte de Quito. Eran las 04:00 de ayer domingo 26 de junio del 2016, cuando los vecinos escucharon unos gritos. El rumor corrió entre los moradores, Alfredo P., un hombre de 57 años, habría sido asesinado por su hijo de 16.

Según las primeras investigaciones, el menor habría incrustado un puñal en el pecho de su padre para defender a su madre, quien estaba siendo agredida.

Gonzalo Realpe, abogado del menor, dijo que el asesinato se dio en la madrugada. Esto debido a que el hombre llegó a esa hora en estado etílico y despertó a su esposa y a sus dos hijos. Según el defensor, la mujer fue atacada por su esposo y en eso el hijo menor tuvo una discusión con su padre. “El hombre intenta golpear al niño y este coge un cuchillo para defenderse”, señaló.

Por esta razón, Realpe considera que fue en legítima defensa el accionar del adolescente. Además, asegura que no era la única vez que el joven defendía a su madre. Las agresiones se producían tres veces por semana y en las mismas circunstancias, bajo los efectos del alcohol.

Incluso en el 2012, la mujer presentó en la Comisaría de la Mujer una solicitud de medidas de amparo. En un documento con fecha de abril de ese año, se pidió a una jueza que el hombre salga del domicilio por violencia intrafamiliar. Sin embargo, la medida no fue concedida.

Del mismo modo, el 18 de julio del 2014, la mujer, tras recibir una nueva agresión saca una boleta de auxilio en la Unidad de Violencia Intrafamiliar, pero tampoco evita que su esposo salga de la vivienda. Incluso en julio del 2012, la mujer realiza la demanda de divorcio por maltrato y hasta la fecha no es contestada.

Por eso, para Realpe, la Fiscalía debe tomar a consideración estos hechos antes de enjuiciar al menor.

En la audiencia de Flagrancia que se realizó la tarde del domingo, el juez dispuso el traslado del adolescente a una casa de menores para el internamiento temporal. Además, ordenó el inicio de la investigación por el delito de parricidio. En este caso, si el menor es hallado culpable podría enfrentar una pena de hasta ocho años de cárcel.

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