15 de julio de 2014 00:00

Los acreedores del notario Cabrera, sin respuestas

Calderón admite que por desconocimiento invirtió en el caso Cabrera y perdió su dinero. Foto: Enrique Pesantes /EL COMERCIO

Calderón admite que por desconocimiento invirtió en el caso Cabrera y perdió su dinero. Foto: Enrique Pesantes /EL COMERCIO

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Washington Paspuel. Redactor

Bertha Calderón viajaba a Machala todos los sábados durante cinco años. Recorría en bus con su esposo los 80 kilómetros desde su casa en Marcabelí, un pequeño poblado agrícola en el noreste de El Oro.

En Machala se reunía con un grupo de personas en torno a un solo objetivo: recuperar el dinero que invirtieron en el negocio ilícito de captación de dinero del notario José Cabrera.

En este caso, los investigadores determinaron que Cabrera dirigió un sistema de captación, cuyo gancho era el pago de intereses de hasta el 20% .

Su muerte, en un hotel de Quito en octubre del 2005, dejó a algunos de sus clientes endeudados y muchos perdieron el dinero que le entregaron.

La Junta Nacional de Perjudicados del caso Cabrera aglutinó a centenares de depositantes del todo el país. Calderón, de 55 años, muestra un arrugado carné plastificado que la acreditaba como la socia 554 y que guarda “por si acaso”.

Ella y sus familiares le dieron USD 41 000 a Cabrera. “Yo puse 9 000 dólares, que había pedido”. Con el dinero de los intereses, planeaba construir una granja y no pudo hacerlo.

Paúl Gonzales, quien presidió la junta, dice que cerca de 30 000 personas fueron afectadas en el país. La familia del hombre, un dirigente bananero de Machala, perdió terrenos en ese negocio.

Los acreedores siguieron un largo proceso para recuperar su inversión y todavía no lo consiguen. El 2 de agosto pasado, la Corte Constitucional resolvió inadmitir un recurso de protección pedido por la defensa de la hija de Cabrera, la única sentenciada por la estafa.

La Corte ratificó la prisión de cinco años. Harry Álvarez, abogado de los estafados, espera que a través de un juicio civil y el remate de los bienes, se consiga la indemnización.

Los casos de estafas masivas se repiten en otras ciudades del país. Unos 3 000 clientes de la inmobiliaria Unión Constructora, en Quito y Guayaquil, nunca recibieron las viviendas.

En septiembre pasado, un Tribunal Penal de Pichincha declaró culpables a los directivos de la firma por estafa. Los afectados esperan que la liquidación de los bienes a nombre de la compañía les permita recuperar sus inversiones.

Estiman que el monto del perjuicio asciende a USD 12 millones. William Aguagüiña, su abogado, considera que ese valor se podrá pagar con la liquidación de los bienes a nombre de la firma, cuyo valor cree que alcanza los USD 15 millones.

Otra compañía fue denunciada en Pichincha por estafa. Se trata de Grupo 10, cuyos socios la denunciaron en el 2012 por no cumplir con la entrega de las propiedades que reservaron.

La Fiscalía determinó que la firma cobró entre USD 5 000 y USD 15 000 a 150 personas para separar las casas. La estafa alcanzó los USD 1,15 millones.

La Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos considera a los sistemas de captación como una modalidad para limpiar dinero de actividades ilícitas. El organismo recuerda que, para encubrir el ilícito, se usan empresas de fachada y la oferta de una serie de servicios y productos.

Eso es lo que ofrecían, pero con una modalidad diferente, dos firmas en Guayaquil y Machala. En la última ciudad, unos 250 afectados denunciaron a la firma IBF Internacional.
La empresa ofrecía pagar USD 100 mensuales a los interesados en promocionar en sus cuentas de Facebook una serie de productos y servicios. A cambio, exigía el pago de una membrecía anual de USD 410.

Los acreedores aseguran que no recibieron ganancias. La Fiscalía indaga si la firma tenía nexos con otra empresa que operaba en el país con el nombre de Publifast. Hernán Ulloa, abogado de un grupo de afectados en Guayaquil, dice que no se puede cuantificar pérdidas.

Los acreedores por las estafas masivas pueden tardar años en recuperarse. Sonia Paladines, otra habitante de Marcabelí, todavía no ha pagado la deuda de USD 12 000 que adquirió para entregarlos en la notaría. Ella y su esposo ahora viven del cultivo de maíz. “Hice un préstamo en otro banco para cubrir la deuda”.

Calderón camina cabizbaja junto a su casa, la cual iba a ser empeñada en el 2005. Se entristece al recordar los cinco años que trajinó para recuperar su dinero. Ahora mantiene a la familia con trabajos esporádicos de costura y el sueldo de su esposo que es albañil.

“Me costó mucho levantarme. Lo mío fue por ignorancia, me dejé convencer…”, finaliza.

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