9 de noviembre de 2015 09:47

Nueva jornada de movilizaciones contra enmiendas constitucionales

El Frente Popular de Guaranda analizan el proyecto de enmiendas constitucionales, de cara al paro nacional. Foto: Archivo particular

El Frente Popular de Guaranda analizan el proyecto de enmiendas constitucionales, de cara al paro nacional. Foto: Archivo particular

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Ana María Carvajal
amcarvajal@elcomercio.com (I)

A partir de este miércoles (11 de noviembre del 2015), las movilizaciones en contra del paquete de las 16 enmiendas a la Constitución entran en su punto más alto. La cercanía del segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional, previsto para diciembre, es el motor de las protestas que, según el sindicalismo, el movimiento indígena y otras organizaciones sociales, no terminarán hasta el desenlace parlamentario.

El Frente Popular en Loja se reunió para demarcar su participación en las movilizaciones de este 11 de noviembre. Foto: Archivo particular

El Frente Popular en Loja se reunió para demarcar su participación en las movilizaciones de este 11 de noviembre. Foto: Archivo particular

El sábado se llevará a cabo la convención nacional de los sectores que se sumarán a las marchas, en Guayaquil. La idea es que su accionar no se limite a la protesta, sino que además sumen propuestas para que, a futuro, existan mecanismos para salir de lo que han denominado el ‘correato’.

En la lista hay temas ambientales, de derechos humanos, sociales y laborales. La Conaie, la Ecuarunari, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), Universitarios (FEUE), excombatientes del Cenepa, federaciones médicas, asociaciones de migrantes y varios gremios de jubilados participarán en las marchas de este miércoles, con la intención de frenar las 16 modificaciones a la Carta Política. Pero insisten en que les preocupa fundamentalmente la reelección indefinida. 

Nelson Erazo, representante del Frente Popular, contabiliza, hasta el momento, 17 asambleas provinciales como parte de los preparativos para las movilizaciones en contra de las políticas gubernamentales.

Otra de sus preocupaciones fundamentales son las que tienen que ver con las reformas laborales. Erazo señala que “en los hechos, la intención del Gobierno es limitar la libre organización y la libre contratación colectiva”.

El oficialismo plantea unificar la legislación sobre temas laborales (Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público - Losep), sin que esto afecte derechos del trabajador.

Juan Carlos Cassinelli, presidente de la Comisión ocasional de las Enmiendas a la Constitución, afirmó en una entrevista con este Diario que este tema debe ser tratado con atención, por su sensibilidad.

Una modificación a la Carta Magna plantea suprimir el tercer inciso de su artículo 229, que señala que los obreros del sector público están sujetos al Código. Cassinelli sostiene que hay quienes están “del lado del Código” por temas referentes a la sindicalización, el derecho a la huelga y la contratación colectiva. Sin embargo, dice que la Losep contiene beneficios y que el Código no. Para definir el tema, considera necesario revisar aspectos constitucionales y acuerdos internacionales.

La situación económica del país, que sectores de oposición califican como un proceso recesivo y la antesala de una crisis severa, es un ingrediente más para el descontento social.

Pero esto puede tener efectos difíciles de pronosticar. El analista Luis Verdesoto dice que una situación de crisis desestimula la participación pública de la gente, porque se refugia en el ámbito privado para defenderse de lo que se avecina.

Generalmente, las movilizaciones son un segundo momento tras una crisis. Esto no impide que se dé “una gran explosión social si la gente ve que es posible tener eficiencia en la participación pública” y si manifiesta su oposición a no ser consultada sobre las reformas.

En un panorama de crisis, el mayor temor está en el estrato económico medio, pero el mayor impacto llega a los sectores populares. El Régimen, según Verdesoto, dirige los subsidios a ellos, para evitar que se movilicen. Y el tema de las enmiendas pone a prueba la reactivación de las alianzas entre sectores medios y populares. Esta semana se verá, entonces, hasta dónde llega esta alianza.

En marzo y junio hubo varias marchas y plantones, pero desde agosto estos proliferaron. Grupos indígenas permanecieron en el parque de El Arbolito durante 10 días y poco a poco lograron apoyo. En principio, el respaldo fue de gremios, médicos y de trabajadores, pero “en el camino se sumaron comerciantes minoristas, jubilados, colectivos ambientalistas, la Asamblea del pueblo de Quito, comités cívicos y otras agrupaciones ciudadanas”, según Carlos Pérez Guartambel, presidente de Ecuarunari.

Las organizaciones indígenas planean convocar más movilizaciones hasta llegar a una huelga general, en diciembre. “Estamos seguros de que en esos días todos los sectores sociales del país y la ciudadanía en general va a salir a las calles, porque el 85% quiere consulta popular y no enmiendas”.

Pérez Guartambel dice que al presidente Correa le quedan dos caminos: escuchar el pedido popular o concretar las enmiendas. Si opta por el segundo, “nadie le garantiza que gane las elecciones. Podría ganar en la Asamblea, pero recibiría un golpe político”.

Luego, la resistencia continuará “contra el extractivismo, la nefasta política agraria, el Código Ambiental permisible para las transnacionales” y otras políticas.

En contexto
Desde marzo, las manifestaciones contra el Gobierno proliferaron en distintas ciudades. El tema de las enmiendas constitucionales se volvió una causa más fuerte debido a que no se dio paso a someterlas a consulta popular. En agosto hubo levantamiento indígena.

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