8 de octubre de 2015 00:00

Jorge Rodríguez, el empresario con los afanes de investigador

Jorge Rodríguez vive con su esposa, Mónica Moreno, en el sector de Bellavista, en Quito. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Jorge Rodríguez vive con su esposa, Mónica Moreno, en el sector de Bellavista, en Quito. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Ana Guerrero

Todo, incluso las tareas más cuestionadas, tiene un comienzo. “Quítate el periscopio”. Ese fue el arranque para Jorge Rodríguez, quien desde inicios de este siglo camina en la cornisa de la admiración y las críticas. El buen puñete, “aunque ya no tanto”, como se define el economista y actual coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, ha tenido dos juicios penales, como parte de una tarea encomendada y, a la vez, personal: investigar casos de corrupción en el país.

La denuncia más reciente es la de un supuesto perjuicio para el Estado por USD 102,5 millones en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, inaugurada en marzo. La entregó formalmente ayer (7 de octubre de 2015), en la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación.

“En la vida todos nacemos con un periscopio. Traten de sacárselo y mirar a todas partes”. Esta frase repetía su padre, el coronel Enrique Rodríguez, a él y a sus siete hermanos. Nació en el antiguo Hospital Militar de Quito (1945), pero con su progenitor recorrió el país.

Quitarse ese artefacto imaginario del que hablaba Enrique a este amante de la tecnología, las motos y la fotografía, lo llevó a apasionarse por la investigación, por buscarle la “quinta pata al gato”, dice Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Allí conoció a Rodríguez cuando fue su presidente entre 1987-1990, y del que recibió cuatro condecoraciones. Fue, además, representante de los colegios de profesionales en la Comisión Cívica Anticorrupción entre el 2000 y el 2005.

En la hoja de vida de Rodríguez consta, entre otros, un título de economista, en la U. Católica y un posgrado con especialización en Comercio Exterior, en la Escuela Técnica de Ingenieros. Inicialmente quería estudiar Arquitectura.

Albán reconoce que a su compañero, con quien las únicas disputas han sido en la cancha de tenis, su afán investigativo le ha significado dos juicios de parte de los partidos Socialcristiano y Roldosista. Estas fueron por haber dicho que “se habían repartido las cortes y las aduanas”.

Entre los casos investigados se encuentra el del feriado bancario de 1999, en el gobierno de Jamil Mahuad.

Alejandra Cantos, quien fue vicepresidenta de la Comisión de inicios de siglo, recuerda que ellos “no conocían la palabra miedo” y que denunciaron casos como lavado de dinero.

El feriado bancario es uno de los que más detractores ha sumado, pero no el único. A Rodríguez y los antiguos miembros de la Comisión se les acusó de manchar a las Fuerzas Armadas, por la denuncia sobre un presunto sobreprecio en los seguros de cascos de sus aviones.

Para Patricio Vivanco, del equipo de abogados defensores de Mahuad, en el pasado y el presente de Rodríguez hay elementos comunes: “el interés de figuración, de autoconvertirse en fiscal, de insistir en las mismas vanidades del pasado”. La Comisión del 2000 entregó el informe con el que empezó el juicio al exmandatario. Para Vivanco, no tenía sustento legal sino un interés político.

En la denuncia de la nueva Comisión, formada en julio, con el apoyo de gremios sindicales e indígenas, se habla de supuestas deficiencias en estudios de factibilidad para la construcción de Manduriacu que provocaron ajustes durante la ejecución de la obra. Y el oficialismo respondió.

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, a quien dentro del informe se lo relaciona con el caso, pues presidía el directorio de la empresa contratada para realizar los estudios, también cuestiona la Comisión que encabeza Rodríguez. Ha dicho que tomará acciones legales porque atenta contra su dignidad. “¿Cuál es su intención política?”, se pregunta.

Los supuestos intereses políticos no han sido las únicas críticas. Por ser un empresario se le ha tildado de tener aspiraciones personales. La semana anterior, le llegó una notificación para una auditoría a la empresa en la que es el mayor accionista: Alfa Seguros., que tiene un capital accionarial de 187,84, según el portal de la Superintendencia de Compañías. La aseguradora fue autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros en 1981.

También recibió un aviso para presentar una declaración de impuestos a las herencias. Trámite que, asegura, cumplió y espera la respuesta porque -dice- “no tengo rabito de paja”.

“Yo reconozco solamente la Función de Control Social y Anticorrupción que están debidamente avaladas”, dice la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González.

Una pasión de Rodríguez es su vida en familia. Su esposa es Mónica Moreno, hija del exalcalde de Quito Julio Moreno. Desde hace 28 años viven en una casa rodeada de jardines en Bellavista (norte de Quito).

“Se me subió a la moto y nunca más se bajó”, recuerda de ella, a quien conoció en el ‘Tontódromo’, como se llamaba a la avenida Amazonas. La historia empezó en los años 70, con una vuelta en la motocicleta que el también cinta negra en taekwondo le compró al expresidente Rodrigo Borja.

Mantiene su afición por volar. Se graduó de piloto privado y tiene 96 horas de vuelo. Esa habilidad la pone en práctica en un dron, que tiene en su oficina (norte de Quito). Su tarea anticorrupción hoy atraviesa turbulencias impredecibles.

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