6 de mayo de 2015 21:10

Jaime Hernández: ‘En el caso de Luis Antonio  (y el Presidente) se debió actuar con prudencia’

Jaime Hernández fue docente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad (I)

En las últimas horas, la detención del adolescente Luis Antonio C., por hacer una ‘seña obscena’ al presidente Rafael Correa, ha desatado una serie de reacciones. La última fue del oficialismo, que emitió su versión sobre lo ocurrido.

¿Cómo mira el tema, como exdefensor del Pueblo?

El caso de Luis Antonio es uno más en el que se violan los derechos humanos. Irrefutablemente es así.

¿Por qué?

Porque el adolescente hizo un gesto de inconformidad y eso es una expresión que los jóvenes y todos tenemos derecho de hacerlo. Y sobre todo, porque el artículo 35 de la Constitución dice que los niños son grupos de atención prioritaria. Ahora, a mí sí me parece que es un exabrupto del Presidente bajarse personalmente a reprochar y provocar a un niño. Lo único que generó con eso es vulnerar los derechos del menor.

Pero el Gobierno tiene su versión. De hecho, la Secretaría de Comunicación, en un boletín pregunta, entre otras cosas, lo siguiente: ¿Estarían de acuerdo los padres de familia con que sus hijos ofendan con señales obscenas a su profesor, autoridad del orden o simplemente a un ciudadano?

Se debía actuar con total prudencia, con medida. Ya se han presentado otros casos, solo que en este es un menor de edad y a él no debían haberle hecho lo que hicieron. Revisen los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución. El artículo 45 del Código de la Niñez y la Convención sobre los derechos del niño, que entre otras cosas habla de evitar la violencia contra menores.

Pero el Gobierno dice que no hubo tal agresión; más bien mostró una imagen en que la mamá del niño golpea a una persona del equipo de seguridad presidencial.

¿Por qué no solo le llamó (a Luis Antonio) a través de un oficial, le recriminó o le pidió que hablara con su madre. Pero no; se llegó a los extremos. Desgraciadamente eso está articulado con otra situación que vive el país.

¿Qué situación?

En la práctica no hay organismos que protejan los derechos humanos. Y le repito: hay convenios internacionales, pero nadie los respeta.

¿Cómo entender eso?

La autoridad ya lo ha dicho. Desde luego que tenemos la obligación de respetar a nuestros superiores, a nuestros padres, al maestro, al Presidente de la República. Pero hay mecanismos para observar los malos comportamientos. No hacer lo que están haciendo, siguiendo a la gente y hoy a un niño.

Ahora, la autoridad judicial ordenó que el chico cumpla 20 horas de trabajo comunitario. ¿Qué implica esa disposición judicial?

Desde el punto de vista jurídico yo creo que es preferible eso a que le envíen a un centro de menores. Pero eso es atentar contra su integridad.

Usted hizo referencia a convenios internacionales y dice que estos se incumplen ¿Cuál puede ser la secuela para el Estado?


Cuando suceden estas cosas, por lo general, se llega a informes temáticos. Se observará y se indicará algo, pero como aquí se dice que estos organismos internacionales que protegen los derechos humanos no sirven porque están en Estados Unidos, entonces no pasará nada. Ahora, es cierto que en este momento estamos viviendo un ambiente de violencia que está provocado desde las altas esferas. Entonces, me pregunto ¿en dónde comienza la violencia? Esta interrogante hay que responderse.

Su experiencia

Fue docente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. También fue Defensor del Pueblo de Pichincha entre el 2007 y el 2012 y trabajó en temas sobre DD.HH.

Su pensamiento

En la práctica no hay entes que protejan los DD.HH.

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