8 de octubre de 2017 00:00

Ismael Quintana: ‘Consulta no acabará con el hiperpresidencialismo’

Entrevista a Ismael Quintana, constitucionalista. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo

Entrevista a Ismael Quintana, constitucionalista

¿En qué medida los contenidos de la consulta popular aportarán a la institucionalidad del país?

Se advierte un intento por rescatar la pobre institucionalidad que tenemos. Por ejemplo, con la propuesta de cambiar la forma de designar el Consejo de Participación Ciudadana, que designa a las autoridades más importantes.

¿Se debió incluir en la consulta la posibilidad
de cambiar a todas las autoridades de control y fiscalización?

Como ciudadano, sí me hubiera gustado que se me consultara sobre si estoy de acuerdo con que este grupo de personas: fiscal, contralor, procurador, consejeros, Corte Constitucional, etc., permanezca en el ejercicio de sus cargos. Pero eso hubiera generado un nefasto precedente. Hubiera sido contradictorio con el discurso del Jefe de Estado, de respetar la institucionalidad.

¿Advierte una coherencia del Presidente o un acuerdo político con esas autoridades?

El Presidente ha sido bastante prudente y mesurado. Si sometía a consideración de la Corte Constitucional la posibilidad de cesar anticipadamente los períodos a sus propios jueces, lo más probable era que no iba a calificar el dictamen. Hubiesen argumentado que la consulta es inconstitucional, o que altera la estructura del Estado, lo que no es así. De todas formas, sí ha dejado de lado la posibilidad de que se pueda cesar las funciones de forma anticipada de todas las autoridades de control.

¿Cómo?

El consejo de transición estaría en funciones hasta el 2019. Tendría seis meses para evaluar, diagnosticar el desempeño de los funcionarios y cesarlos. Incluso declarar desiertos todos los concursos que se estén llevando a cabo. Como se han ido dando las cosas, veo que eso va a ocurrir.

Una alternativa era que la capacidad nominadora vuelva a la Asamblea Nacional, ¿por qué no cuajó esa po­sibilidad?

Se pensó políticamente. El Presidente no podía entregar esas facultades nominadoras a un bloque de Alianza País que está resquebrajado. Una mayoría oficialista hubiera impuesto nuevamente a personas de su interés.

¿En qué medida la consulta contribuirá a desmontar el modelo hiperpresidencialista que se consolidó en los últimos diez años?

Las competencias presidenciales están establecidas en el artículo 147 de la Constitución, y esa norma no va a ser modificada, no va a ser enmendada. La consulta no va a terminar con el hiperpresidencialismo­. Estas potestades en materia legislativa -como proponer proyectos, sancionarlos, objetarlos- quedan igual. El Presidente sigue con la potestad de conceder indultos, emitir decretos. Esas son las competencias clásicas que se le han entregado a los jefes de Estado en los textos constitucionales. Pero, en realidad, el problema no ha sido el sistema.

¿Cuál ha sido entonces?

El problema es que además de esas competencias, durante 10 años, el Presidente también dominó la Asamblea Nacional y todos los organismos públicos y de control. Y esa no es tampoco culpa exclusiva del partido de Gobierno. La oposición ha dado una mano al ir con sucesivas elecciones con listas divididas y candidaturas separadas.

¿El contenido de la consulta aportará en la lucha contra la corrupción?

En un país como el nuestro, donde la cultura constitucional es, por decirlo menos, débil, este tipo de normas propuestas en el paquete de enmiendas se hace imperativo. Quienes han llegado al ejercicio del poder no han sido precisamente delicados con el uso de los recursos públicos. En Ecuador, ya tenemos una normativa de inhabilidades para funcionarios que hayan recibido una sentencia condenatoria por delitos como peculado, enriquecimiento­ ilícito, cohecho y aquellos sancionados con pena de reclusión que superen los cinco años. A eso, lo que ha hecho el Presidente es agregar otros delitos, como concusión, lavado de activos, asociación ilícita, testaferrismo. Es viable constitucionalmente.

La consulta, como está planteada, ¿contribuye a la participación ciudadana?

No hay nada más democrático que el hecho de proponer que la misma ciudadanía elija a quienes van a integrar, desde el 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En esta materia, se puede tener el mejor de los sistemas para designar; concurso de méritos, designaciones directas como vamos a tener con el transitorio o elecciones populares, como se plantea. Pero nada va a cambiar si no llega a esos puestos el mejor calificado, el mejor preparado. La ciudadanía debe inmiscuirse en estos asuntos y verificar que quienes se elijan para el Consejo de Participación cumplan con los más altos requisitos.

Además de la consulta, ¿qué más hará falta para lograr la institucionalidad?

Con la consulta se da un gran paso para despartidizar el Consejo de Participación Ciudadana. Los integrantes que se elegirán no van a provenir de organizaciones políticas. Usted o yo podemos participar en la candidatura. Los partidos políticos no podrán hacer campaña ni proponer candidatos. Ahora, la solución a la institucionalidad no pasa solamente por las modificaciones constitucionales o reformas a la ley que se puedan hacer. Es un tema de cultura política. Sobre eso, la Constitución no puede hacer mucho.

Ismael Quintana
Su trayectoria. 
Es abogado en libre ejercicio y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador y de la Universidad de Los Andes. Es experto en Derecho Constitucional.

Punto de vista. 
El constitucionalista considera que la consulta popular, lanzada por el Ejecutivo, es un avance para recuperar la institucionalidad, pero advierte que el problema no es solo legal o constitucional. Para el especialista tiene que ver con la cultura política de los ciudadanos.

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