23 de junio de 2014 22:44

La falta de fiscales afecta la pesquisa de los asesinatos

Fotos: vicente costales / el comercio

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Diego Bravo. Redactor

Desde el crimen de su hijo en el 2008, 15 fiscales se han encargado de indagar el caso y todavía no hay respuestas. A partir de este hecho, Hugo Marcelino Torres, de 65 años, visita tres veces por semana el sexto piso del edificio de la Fiscalía de Pichincha para conocer cómo está el caso.

En su casa guarda los expedientes de lo que ocurrió. Son carpetas con datos que, a su juicio, detallan la forma cómo murió su hijo mayor. Dice que a Jaime le dispararon en una riña y la bala ingresó por el costado izquierdo del tronco, destruyéndole el pulmón y el corazón. No hay detenidos… La Policía, abogados y familiares de víctimas aseguran que los cambios recurrentes de fiscales en un mismo caso acarrean problemas para esclarecer muertes violentas.

Al cambiar de investigador, el que llega debe “estudiar nuevamente el caso para pedir una diligencia. Primero debe leer y algunos tienen hasta diez cuerpos, lo cual dificulta…”, precisa el coronel Juan Carlos Alulema, quien dirige a cerca de 150 agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Desapariciones (Dinased).

En el país también falta personal en las investigaciones penales. Un estudio del Consejo de la Judicatura de este año refiere que en la región hay una media de siete fiscales por 100 000 habitantes. En Ecuador hay cinco.

Actualmente, hay 625 fiscales en el país y en este año se prevé contratar 250 más.

Dos de ellos cuentan que mensualmente reciben hasta 30 casos cada uno. Aseguran que resuelven todos, aunque piden que haya más personal.

Adriana Carabajo ha esperado casi cinco años para que la muerte de su hermana Sara se resuelva. Ella desapareció en Sangolquí (Los Chillos), el 14 de diciembre del 2009.

Sus osamentas fueron halladas casi un año después, envueltas en una alfombra roja, en el barrio San Pablo.

Dos niños de la víctima se quedaron a cargo de Adriana. Esta, con los USD 200 mensuales que gana como empleada doméstica, la mujer de 32 años también mantiene a sus tres hijos y a su madre. Viven en una pequeña casa de bloque y piso de cemento. Los pequeños hacen sus tareas escolares mientras Adriana cuenta que en la Fiscalía no le dan respuestas.

Los casos como los de Torres y Carabajo son “aislados” para el fiscal general Galo Chiriboga, quien muestra en su oficina datos y estadísticas sobre los avances que se han dado en los temas investigativos. Destaca que hay crímenes que sí se han resuelto y terminaron con sentencias condenatorias. En cuanto a los asesinatos, de enero a diciembre del 2013 hubo 406 dictámenes acusatorios. De estos se obtuvieron sentencias condenatorias en 326 casos, lo cual es un 88%. “Esto mejora significativamente la eficiencia del sistema”, dice.

La semana pasada dos grupos que acogen a víctimas de muertes hicieron dos plantones en Quito y pidieron celeridad a los fiscales. En el 2010, la ONU decía que en Ecuador solo el 1,3% de las muertes terminó en una condena.

Para mejorar este tipo de cosas, la Fiscalía indica que se ha mejorado la coordinación entre policías y fiscales.

Los dos entes funcionan en oficinas separadas, pero “se hacen reuniones y capacitaciones”. En la última se trató del nuevo Código Penal. En el art. 7 se dice que si los casos se dilatan por acciones u omisiones, por ejemplo, de los fiscales se considerará que incurren en falta gravísima.

Torres felicita que se hayan resuelto más de 300 casos, pero menciona que el suyo y otros todavía están pendientes. La mañana del jueves pasado, acudió a la Fiscalía y allí recordó que dos veces se perdió el expediente de su caso y tuvo que reorganizar los papeles para que se retomaran las indagaciones…

Adriana Carabajo recuerda que un sospechoso iba a ser detenido hace dos semanas, pero la captura no se concretó porque dice que la Fiscalía no halló pruebas. Su miedo se acrecienta luego de que fuera golpeada por tres hombres. Cuenta que a su hija de 17 años, quien está embarazada, también le agredieron.

El Fiscal General advierte que no todos los casos son así y que para mejorar las pericias se han construido tres centros de investigación forense. Tienen laboratorios de química, biología e histopatología. Las áreas forenses operan con sistemas de tratamientos de fluidos.

Hugo Torres y Carabajo piden que la Fiscalía use esa tecnología en sus casos. Él dice que ha gastado más de USD 1 000 solo en trámites.

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