5 de octubre del 2016 00:00

Investigación se extiende a contratistas de Petroecuador

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Gabriela Quiroz
y Javier Ortega 
(I)

La Fiscalía pidió la vinculación de dos familiares de Álex Bravo, expresidente de Petroecuador, y ocho exfuncionarios y contratistas de la estatal petrolera al proceso que se investiga por cohecho.

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En este caso ya están siendo indagados los empresarios Juan, Jaime y Javier Baquerizo, de los cuales solo el último está preso. Además, fue vinculado Bravo, quien tiene otro proceso judicial abierto por supuesto enriquecimiento ilícito.

En la lista de vinculados de la Fiscalía se registran a la esposa y padrastro de Bravo, quienes formaban parte de la directiva de tres offshore abiertas en Panamá y que fueron disueltas en abril de este año (ver cuadro).

Entre los exfuncionarios de Petroecuador se conoció el lunes pasado la vinculación de Carlos Pareja Yanuzelli, por supuestas transferencias bancarias de Girbra, firma de Bravo, a Capaya, offshore en la que al parecer es beneficiario junto con familiares.

Su hijo Carlos Andrés sería uno de ellos, por lo que la Fiscalía solicitó su vinculación. Pareja dijo a EL COMERCIO que aún no se pronunciara y aseguró que todavía permanece en el país.

También constan: Arturo E., abogado que aparece como beneficiario de la firma Joscar International y como exdirectivo de Pidmg. La primera empresa ya fue disuelta en Panamá y la segunda está vigente. Fue exasesor de la gerencia de Refinación de Petroecuador, cuando Pareja era su titular.

Paquita de M. es otra abogada de asesoría y contratos de la petrolera. Es familiar del Secretario de Hidrocarburos. Su nombre está en la directiva de Escart, otra compañía panameña que se habría beneficiado de transferencias de Girbra.

La solicitud de vinculaciones se extendió a cinco personas relacionadas con empresas proveedoras de Petroecuador.

El colombiano Arturo P. está registrado en la Superintencia de Compañías como el apoderado de la sucursal de MMR Group Inc. Esta contratista tiene convenios iniciales y complementarios con Petroecuador por más de USD 100 millones. Principalmente se ha encargado de la rehabilitación del sistema eléctrico y del sistema contra incendios de la Refinería de Esmeraldas.

Sonia C. y Humberto G., en cambio, están relacionados con Tecniazul, una de las firmas del Grupo Azul, que a su vez trabaja con Worley Parsons, responsable de la fiscalización de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Finalmente, hay una pareja que dirige otra empresa contratista: Galileo Energy y aparecen como beneficiarios de la offshore Denfield Investments. Asímismo uno de ellos fue representante de Veolia, la empresa a la que Petroecuador adjudicó el contrato de manejo de desechos tóxicos de la Refinería.

Asistencia penal

En esta misma indagación las autoridades solicitaron a Panamá certificados donde consten los nombres de socios y accionistas de 15 empresas constituidas en ese paraíso fiscal.

Se requiere dentro del caso la certificación de los representantes legales, directores que constan desde la fundación de estas compañías hasta ahora. Otro requerimiento es el detalle de cuentas corrientes, de ahorros, inversiones o pólizas, que estén a nombre tanto de las empresas como de las personas vinculadas.

Por otra parte, la Fiscalía ecuatoriana envió el lunes pasado una solicitud para que las entidades financieras que operan en Estados Unidos y en Suiza entreguen información sobre transferencias de dinero de las ‘offshore’ vinculadas con los contratistas, exfuncionarios y familiares de Bravo.

Una de las interrogantes de los investigadores es conocer si Bravo tiene otras cuentas en el Helm Bank de Miami. Hasta ahora se sabe que abrió una cuenta en ese banco, pero en las oficinas de Panamá. Ahí recibió USD 3,4 millones de cinco empresas, entre ellas Sentinel Mandate & Escrow, Operadora BLc, Murfield Investment Limited, Tecniazul y Arkdale.

Otros bancos a los que se les está solicitando información de transferencias son: Bank of America y Citi Bank de New York y Unión Bancaire Privee Geneva, de Suiza. Desde una cuenta de está última entidad se transfirió dinero a Girbra, de Bravo.

Adicionalmente, se pidieron datos al DMS Bank and Trust Ltd, pues a una cuenta de esta entidad, a nombre de Sentinel Mandate & Escrow, se transfirió el dinero del contrato, que Petroecuador adjudicó a Veolia.

En contexto

A través de esta Asistencia Penal ampliada, la Fiscalía rastrea las transferencias bancarias, cuentas de ahorros y corrientes, inversiones o pólizas que estén a nombre de 15 firmas y 15 personas, entre estas exfuncionarios de Petroecuador y proveedores.

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