7 de enero de 2016 22:36

Investigan a 1 500 civiles por financiar guerrillas en Colombia

La Fiscalía colombiana investiga a empresarios y servidores públicos que podrían haber colaborado económicamente con las FARC. Foto: Archivo AFP

La Fiscalía colombiana investiga a empresarios y servidores públicos que podrían haber colaborado económicamente con las FARC. Foto: Archivo AFP

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Agencia DPA

La Fiscalía de Colombia anunció hoy que existen 1 500 investigaciones a civiles por su presunta colaboración económica con la guerrilla de las FARC y otros grupos ilegales en el marco del conflicto armado interno que vive el país desde hace más de medio siglo.

El vicefiscal general, Jorge Perdomo, dijo que el ente judicial enviará copias de esos procesos al tribunal especial para la paz, creado en el marco de los diálogos que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) celebran desde 2012 en Cuba.

Perdomo explicó que las investigaciones a empresarios, políticos, funcionarios y militares tienen que ver con el pago a las FARC, y otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), a cambio de "asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados".

Por otro lado, el vicefiscal reiteró que "quienes financiaron los grupos armados ilegales bajo presiones serán considerados como víctimas y no serán investigados penalmente".

"Serán investigados y condenados solo aquellos terceros determinantes en la comisión de delitos graves: homicidios, reclutamientos, desapariciones, crímenes de guerra y de lesa humanidad, etcétera", agregó el funcionario.

Según el vicefiscal, dentro del grupo de personas vinculadas a los procesos hay al menos un centenar de servidores públicos de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.

Finalmente, Perdomo detalló que el testimonio de medio millar de guerrilleros desmovilizados fue determinante en la apertura de los procesos judiciales y señaló que el ente investigador está evaluando cada caso para establecer quiénes recibirían beneficios.

El mes pasado, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer las bases de la jurisdicción a la que serían sometidos los civiles que hayan tenido "una participación determinante" en la ejecución de delitos graves de las organizaciones ilegales.

Los negociadores del Gobierno y las FARC llegaron en septiembre pasado a un acuerdo en el punto de justicia transicional, que prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia además del tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.

Las partes acordaron la imposibilidad de decretar amnistías a responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

La ceremonia en la que se anunció ese acuerdo estuvo encabezada por Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias de "Timochenko", quienes se comprometieron a firmar el acuerdo definitivo de paz a más tardar el 23 de marzo de 2016.

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