29 de agosto de 2014 00:05

Cuatro años de investigación por el 30-S dejan 109 sentenciados

Ayer, los familiares de los seis juzgados se reunieron en las afueras de la Comandancia. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Ayer, los familiares de los seis juzgados se reunieron en las afueras de la Comandancia. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Diego Bravo. Redactor | dbravo@elcomercio.com (I)

En un mes se cumplirán cuatro años de la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010 y hasta el momento 109 personas han sido sentenciadas por al menos siete delitos relacionados con este hecho.


En el último caso, seis policías fueron condenados a 12 años de prisión, el lunes pasado, por supuesto atentado en contra del presidente de la República, Rafael Correa.


Pero también se abrieron investigaciones contra figuras públicas, como Mery Zamora, expresidenta de la UNE y dirigente del MPD.

En julio surgió un nuevo dato: Bolívar R., un coronel de la Policía, habría estado al frente de un grupo de uniformados que aparentemente impidió el paso de tanques de la Brigada Galápagos (Riobamba).


Este dato lo reveló ese mes el Tribunal de Garantías Penales de Ambato (Tungurahua), cuando lo declaró culpable por supuestamente “atentar contra la seguridad del Estado”.
Esos vehículos, según las investigaciones fiscales, “debían llegar a Quito para rescatar al presidente Rafael Correa”.


Actualmente Bolívar R. y los seis condenados por supuesto intento de asesinato al Jefe de Estado están detenidos en la cárcel 4, en el norte de Quito.

Ayer, Aurelio Garófalo y Amparito Martínez, abogado y esposa de uno de los seis sentenciados a 12 años de detención se reunieron con miembros del Consejo de Clases y Policías para explicarles que el procesado “es inocente”.


En una carpeta, la mujer llevaba hojas y certificados de la buena conducta de su pareja, quien en el 2010 se desempeñaba como investigador de la Policía Judicial de Pichincha.


La cita duró 20 minutos en el tercer piso de la Comandancia General. “Nos dieron una sentencia ‘monstruosa’ sin valorar las pruebas de descargo que presentamos, tampoco los atenuantes. La decisión debe ser reconsiderada porque no se han cometido delitos (…). Mi cliente no portaba arma en la balacera”, manifestó Garófalo. 


En las afueras del edificio los esperaban los parientes de los otros procesados, quienes se reunieron allí para conocer qué ocurrió durante el encuentro en el Consejo de Policías y Clases. Ellos también portaban documentos y recortes de los periódicos con la noticia de que fueron sentenciados. Dijeron que también apelarán.


Las esposas de los gendarmes hablan de secuelas médicas luego de que sus parejas fueron apresadas. Además, afirman que han gastado más de USD 1 000 en abogados.


Por lo ocurrido ese jueves 30 de septiembre del 2010, el presidente Correa ha reiterado que se trató de un intento de golpe de Estado. Incluso ordenó la creación de una comisión para investigar los hechos.


En un informe presentado a la Fiscalía en junio, el organismo concluyó que en el 30-S sí hubo “un intento de golpe de Estado con estrategia de desestabilización regional”.


Por ejemplo, el reporte estableció que se realizaron cerca de 500 reuniones de trabajo que incluyeron entrevistas con militares, policías, familiares de las víctimas, periodistas y la ciudadanía en general.

Los casos pendientes


La Fiscalía ha procesado a 531 personas. Lo último que se informó fue que esta entidad formuló cargos contra el coronel Víctor Hugo C., quien en esos días era jefe de la Policía Judicial de Pichincha.


Los agentes lo indagan por su presunta responsabilidad en el delito de alteración de evidencias en las afueras del hospital de la institución uniformada.


Con base en los elementos que habrían encontrado en el proceso, el fiscal Fabián Salazar argumentó que no se habría preservado la escena del delito (afueras del hospital de la Policía) en donde “se perdieron las evidencias existentes”. 


La Fiscalía indaga, además, a los funcionarios públicos que no impidieron que los trabajadores de Emaseo limpien el lugar de los hechos sin que antes se haya levantado la evidencia.
De los casos abiertos por la Fiscalía tras el 30-S, la mayoría están en Pichincha. Le siguen Manabí, El Oro y Orellana. 


Otro hecho que se investiga es la supuesta toma de la Base Aérea de Quito por parte de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y funcionarios civiles. 225 personas fueron indagadas por supuesta paralización de servicios públicos.

Luego de analizar el caso, el fiscal Iván Ron emitió dictamen acusatorio contra 75 al considerar que existirían suficientes elementos de convicción sobre su participación en lo ocurrido el 30-S. Las pruebas analizadas son videos, informes de Criminalística, experticias, versiones, entre otros.


Patricio Armijos es abogado de 37 militares procesados y pidió el recurso de nulidad a favor de sus defendidos. A su juicio, lo que ocurrió es “un acto ilegal y arbitrario que motivó al llamamiento a juicio”. 
El jurista espera que el trámite pase a la Corte Provincial para continuar con el proceso.


A otras personas les siguen juicio por sabotaje. En ese grupo están los civiles Paúl C., Francisco E., Patricio F., Galo M., Víctor E. y Max M., quienes fueron condenados a cuatro años por irrumpir en las instalaciones del canal Ecuador TV.


Fidel Araujo
Militar en servicio pasivo

Tres años fue la condena que le impuso un Tribunal Penal en noviembre del 2013.

En junio pasado, la defensa dijo que apelará el fallo bajo el recurso de casación.

La Fiscalía procesó al mayor Araujo por el delito de incitación a la rebelión.

Actualmente está libre, aunque antes estuvo retenido seis meses en el CDP.


María Alejandra Cevallos
Exasambleísta

En mayo pasado, la Corte Provincial ratificó la sentencia para siete personas.

La Fiscalía las acusó bajo la figura de sabotaje por irrumpir en Ecuadortv el 30-S.

Entre ellas estaba María A. Cevallos, exasambleísta alterna por el PSC.

Seis procesados fueron sentenciados a 4 años y otro a 2. Ahora está en libertad.


Rolando Tapia
Excoronel de la Policía

En junio del 2011, un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel a Rolando Tapia.

En octubre del 2012 cumplió dos años preso. La justicia ordenó su libertad.

El policía (r) fue procesado por atentar contra la seguridad interna del Estado.

Se le otorgó libertad controlada tras haber cumplido tres quintas partes de la pena.


Mery Zamora
Dirigente del MPD

En noviembre del 2013, la Sala Penal del Guayas condenó a Zamora a 8 años.

La defensa apeló el fallo y en mayo pasado, la Corte Nacional de Justicia la absolvió.

La Fiscalía la procesó por sabotaje y terrorismo en una manifestación el 30-S.

Tras declararla inocente, la dirigente del MPD anunció con enjuiciar al Estado.


César Carrión
Coronel de la Policía

En octubre del 2010, César Carrión fue detenido e involucrado en los actos del 30-S.

Un año después, la Corte Nacional de Justicia ratificó su inocencia.

La Fiscalía lo acusó de tentativa de asesinato contra el presidente Rafael Correa.

En 2012, el Ministerio del Interior revocó su expulsión. Sigue en la Policía Nacional.

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