2 de December de 2010 00:00

Inseguridad

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Miguel Macías Carmigniani

La falta de seguridad en que vivimos los ecuatorianos dejó de ser una mera percepción para este Gobierno, el cual ha ordenado que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar diversas ciudades del país, y muy especialmente Guayaquil, la que se considera la ciudad más insegura del Ecuador; pero esa medida es meramente temporal y no ataca el fondo del problema.

No creo que los atracos, los secuestros exprés y las violaciones que se cometen a diario, se reducirían considerablemente si se nos permitiera a todos usar armas de fuego. Un arma en manos de quien no está preparado para usarla constituye un verdadero peligro. En ese caso, caeríamos en una justicia que se haría por mano propia, por lo que el remedio sería peor que la enfermedad.

Considero que la falta de honestidad y probidad de ciertos jueces y fiscales, influye sobremanera en el alarmante número de delincuentes puestos en libertad, gracias a la caducidad que opera sobre la prisión preventiva después de haber transcurrido seis meses o un año posterior a su detención.

Urge, pues, depurar el sistema de administración de justicia así como realizar cambios significativos en las leyes penales, empezando por derogar el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal.

Es necesario reformar el Código Penal, de tal manera que se permita la acumulación de penas para los delitos más graves como: sicariato, violación con muerte, robo con muerte de la víctima, secuestro con muerte y violación de niños; y que se incremente el número de años para que prescriban los delitos de más grave consecuencia. Estoy de acuerdo con el pedido del Alcalde de Guayaquil, quien solicita que el Gobierno anule aproximadamente 500 000 cédulas falsas que se han otorgado a miles de delincuentes, y de que exijan visas para los ciudadanos de países que exportan delincuencia.

Es verdad que el tema de la delincuencia no se da solo en el Ecuador, pero el grado al que se ha llegado en el país en general y en Guayaquil, especialmente, es intolerable. Según el Relator de las Naciones Unidas, el índice de impunidad en asesinatos en el Ecuador alcanza el 99%.

Ojalá que la Asamblea Nacional en los próximos días, reforme la Ley Penal y que alcaldes, gobernadores, prefectos y jefes de la Policía Nacional trabajen mancomunadamente para otorgarnos la seguridad que demandamos a gritos y que los jueces penales y los fiscales cumplan con su obligación de aplicar la ley como les corresponde.

El Estado debe destinar a la Función Judicial la asignación de más recursos que permitan el incremento de un mayor número de jueces que garanticen a los ciudadanos conseguir la realización de la justicia.

No es hora de que unos les echen la culpa a otros, es hora de que todos trabajemos aunadamente por nuestra seguridad.

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