Ni siquiera el sentido común alcanza para entender la sorprendente resolución de las autoridades de la Empresa Eléctrica Quito al ordenar que no se encendieran las redes de alumbrado público en las principales avenidas y vías perimetrales de la ciudad.
La decisión se produce justamente cuando la delincuencia se ha vuelto más sofisticada y peligrosa, por eso resulta incomprensible que se impida la iluminación nocturna en las vías estratégicas, a lo cual se añade el peligro de conducir sobre el asfalto mojado por el incremento de lluvias sobre la ciudad. Es lógico que, ante medidas como esas, fácilmente se eleve el número de accidentes de tránsito y de asaltos en sitios claves de la capital.
Otra medida que resulta inoportuna, por decir lo menos, es la falta de vigilancia policial y de auxilio mecánico en algunas carreteras que conectan a la provincia con el país.
Recientes percances automovilísticos, que han dejado muertos y heridos en las vías a Papallacta y Santo Domingo de los Tsáchilas, evidencian que el Consejo Provincial de Pichincha está olvidando sus buenas prácticas de ocasiones anteriores, cuando en coordinación con la Policía Nacional desarrollaba eficaces operativos de prevención y control, especialmente en feriados y puentes vacacionales.
Las autoridades encargadas del abastecimiento de energía eléctrica, de la seguridad urbana y del control de tránsito y transporte terrestre tienen la obligación de asumir sus responsabilidades en función de las necesidades de los ciudadanos.
Aporta muy poco al bienestar de la sociedad que quienes deben protegerla y prestarle servicios con eficiencia y oportunidad caigan en peligrosos vacíos por negligencia o falta de gestión.