13 de April de 2010 00:00

Injuria, un debate contradictorio

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Redacción Política

Una marcada ambigüedad  evidencia el Gobierno en  su  postura frente a   los medios de comunicación. Por un lado, el Ministerio de Justicia difunde un anteproyecto de garantías penales que, entre otras cosas, busca despenalizar los  delitos de opinión cuando  estos aludan a funcionarios públicos.

Pero, por otro, el presidente  Rafael Correa se  sigue confrontando con la prensa.

El objetivo del anteproyecto, según el Ministerio, es que las sanciones penales se ajusten a lo que dice la Constitución y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. En lo que respecta a la libertad de expresión, la propuesta es despenalizar la injuria  calumniosa.

“Mientras más alto es el funcionario público, más libertad de expresión debería existir  y más tolerancia de parte del funcionario”, precisa Ramiro Ávila, subsecretario de desarrollo normativo del Ministerio de Justicia. Él es  uno de los funcionarios que elaboró  el documento.

 El proyecto en mención mira a la injuria desde dos perspectivas. La primera, que es la que se intenta despenalizar, tiene estrecha relación con las funciones que desempeñe el sujeto público. Mientras que las injurias que sí son sujeto de delito son las que tocan aspectos  personales. 

La propuesta de normativa se imprimió en diciembre del 2009 y  empezó el proceso de socialización. Pero durante este tiempo, el ataque a los medios se ha transformado en una rutina para el Presidente. Precisamente, fue Correa quien  sugirió a  Camilo Samán, presidente del Directorio de la Corporación Financiera  Nacional,   que demandara penalmente al articulista del diario El Universo, Emilio Palacio por su columna de opinión, publicada bajo el título ‘Camilo el matón’. 

El 26 de marzo, la jueza segunda de Garantías Penales de Guayas, Carmen Argüello, dictó sentencia de tres años de prisión en  contra de Palacio por supuestas injurias calumniosas. Esto ocurrió  mientras en el Ministerio de Justicia se difundía el anteproyecto  entre abogados, docentes, fiscales, penalistas  y  jueces. 

Este martes, la propuesta será presentada al nuevo ministro José Serrano. Su posición será el termómetro para medir  el verdadero apoyo oficial a este tema. 

César Ricaurte, director del observatorio Fundamedios, afirma que el Gobierno se comprometió a dar  paso a esta propuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y  que pese a la contradicción hay que tomarle la palabra y ejercer presión social para que cumpla.

Aunque  reconoce que el proceso será  largo, puesto que el proyecto  ni siquiera se ha presentado en la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, para el penalista  Carlos Poveda, establecer condenas a periodistas por sus opiniones es crear mecanismos mordaza.   “Así como hay censura previa,  este tipo de condenas generan una censura de facto, que impedirá manifestar lo que se piensa”.  

Poveda cree que si algún funcionario público se siente ofendido por expresiones de periodistas, debería seguir su reparación a través del derecho a la réplica o solicitar indemnizaciones de carácter civil como sucede en otros países.

Con él coincide Ramiro García, investigador del área  penal de la Universidad de Gotinga (Alemania). El académico y  ex juez   señala que la injuria contra funcionarios públicos es un rezago del delito de lesa majestad, con el que en la Edad Media se castigaba a quien osaba atentar contra el  rey.
“Una figura de semejante anacronismo no tiene cabida en un Estado social y democrático de derecho, donde el Presidente y sus funcionarios ejercen sus funciones por voluntad del pueblo”.

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa  (SIP) recordó que hay que estar en sintonía con  la declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.  

Esta normativa dice  que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. “La protección a la reputación debe  garantizarse  sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público”.

No obstante, hasta ahora se desconoce si la Cartera de Justicia, con nuevo Ministro, seguirá  con la iniciativa emprendida por Néstor Arbito. Mientras tanto,  el Ejecutivo aplaude el fallo contra Palacio.

En 8  países dicen no  a  cárcel por  injurias    

Según el libro ‘La palabra rota’, recientemente editado por Fundamedios, 125 periodistas están encarcelados en el mundo. En Ecuador   hubo un caso  en el 2008 y otro en el  2009.  El primero fue Freddy Aponte, quien fue liberado después de que cumpliera  la mitad de la pena.

El segundo, Nelson Chacaguasay, quien  fue encarcelado dos veces por denunciar posibles casos de corrupción en El Oro.

Por otro lado, según reportes del CIDH, en  Ecuador  se reportaron  35 casos de ciudadanos que han recibido retaliaciones por expresar sus opiniones y 103 casos de agresiones a medios y a periodistas.

La  organización Reporteros sin Fronteras especifica que tras Honduras, Costa Rica, Perú, Argentina, Paraguay y Guatemala, México es el séptimo país del continente que ya despenalizó  los delitos de prensa.  A esta lista se suma el caso de Uruguay,  que   procedió  el año pasado.

El Código anterior y el nuevo anteproyecto
Temas polémicos

En el artículo   230 del Código actual  dice:   El que con amenazas, amagos o injurias ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa (…).

Los posibles efectos
En el artículo  105 del anteproyecto  dice: “La calumnia dejará de ser punible cuando fuere recíproca o cuando no existiere real malicia  (...) o si el delito se refiere a servidores públicos en el ejercicio de su función  (...)

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