15 de diciembre de 2016 00:00

Informe sobre Ley de Plusvalía ya no contempla destitución para alcaldes que no actualicen catastros

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Redacción Negocios
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La Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos y Descentralizados aprobó este 14 de diciembre del 2016 el informe para primer debate de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. La decisión fue apoyada por seis asambleístas. En tanto, tres votaron en contra y tres estuvieron ausentes (René Caza, Ángel Vilema y Montgómery Sánchez).

El proyecto establece que se pagará un impuesto del 75% a la ganancia extraordinaria, en la segunda venta de inmuebles y terrenos. El tributo se cobra luego de reconocer una ganancia ordinaria al vendedor, equivalente a tener ese dinero en el banco. También se reconoce el valor del inmueble en escrituras, las tasas y gastos por mejoras, y un valor exento de 24 salarios básicos unificados (USD 8 784).

Según un comunicado de la Asamblea, en el documento para primer debate se incluye a los fideicomisos o sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria y construcción dentro del objeto imponible del impuesto y se incentiva a los ciudadanos que, de forma voluntaria, realicen la actualización de los avalúos.

Otro de los cambios incluidos en el informe para primer debate es que los recursos que se recauden se destinarán además del mejoramiento de los servicios básicos de alcantarillado y agua potable de los municipios a la infraestructura integral de saneamiento ambiental.

Los contribuyentes que realicen de forma voluntaria la actualización de avalúos de sus predios dentro del año siguiente de la promulgación de la ley, pagarán durante dos años siguientes, el impuesto sobre los predios urbanos y rurales sobre la base utilizada hasta antes de la actualización, anotó el comunicado de la Asamblea.

En el texto original enviado por el Ejecutivo se proponía que la destitución para los alcaldes que no actualicen los catastros. En el informe se establece que estas autoridades tendrán únicamente responsabilidad civil pecuniaria por los valores dejados de recaudar por el impuesto predial, como consecuencia de la falta de actualización de catastro y que las responsabilidades serán fijadas por la Contraloría General.

Durante la sesión, el presidente de este organismo legislativo, Richard Calderón, defendió el proyecto de Ley al señalar que no se ha podido frenar la especulación de tierras y, por esa razón, es necesario crear mecanismos legales que la eviten y, "de esta forma, que todos los ciudadanos tengan acceso a vivienda".

La asambleísta de Alianza País (AP), Liliana Guzmán, mencionó que la Ley no justifica técnicamente por qué el valor excento es de 24 salarios básicos unificados, por qué se exceptúa al sector inmobiliario del tributo y por qué se incluyen los terrenos e inmuebles rurales dentro de la Ley.

"No podemos premiar al sector inmobiliario y de construcción dejándolos exentos de la ganancia extraordinaria. Esto debe ser fundamentado por el Ejecutivo, como proponente del proyecto de Ley” expresó la Asambleísta de AP.

Sin embargo, su voto fue a favor. Una vez terminada le reunión, Guzmán justificó su decisión: “He apoyado este informe para primer debate porque tenemos la oportunidad de que todas estas observaciones sean recogidas en el siguiente informe. Estamos convencidos que es necesario este proyecto de ley para empezar a regular el mercado informal de la especulación sobre el precio de la tierra.”

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