2 de January de 2015 20:46

Tres años del CNE con silencios sin respuesta

Domingo Paredes en el centro de mando, durante la jornada general de elecciones del 17 de febrero de 2013. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Domingo Paredes en el centro de mando, durante la jornada general de elecciones del 17 de febrero de 2013. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Adriana Noboa

La labor del Consejo Nacional Electoral (CNE) en sus primeros tres años se resume en cifras. Según su presidente saliente, Domingo Paredes, el resultado de la gestión se refleja en que el 35% de la población confía ahora en la institución, cuando en el 2011 era solo el 3% y que el ausentismo en las votaciones se redujo, en el mismo lapso, del 29% al 17%.

Esos son los números predilectos del funcionario cuando se le cuestiona sobre el final de su período, decidido por el azar en un sorteo. Sin embargo, en su discurso ni en el informe de gestión del CNE, se menciona los USD 5,9 millones que costó el Sistema Integrado de Administración Electoral.

Esta plataforma tecnológica prometía resolver el desorden institucional en elecciones. Debía contar con subsistemas para cada una de las etapas de los comicios, desde la promoción electoral e inscripción de candidaturas hasta los escrutinios y entrega de resultados. Pero no llenó las expectativas.

Nunca se conocieron los detalles de los contratos, que fueron licitados en modalidad de emergencia en enero de 2013. Sin embargo, el mismo Paredes, cuando anunció que sancionarían a la empresa española Scytl, por incumplimiento, afirmó que solo habían pagado USD 3,6 millones. Ese mismo mes, abril del 2014, la compañía respondió y culpó al CNE por las fallas técnicas y también anunció medidas legales.

¿Qué sucedió? Nadie lo sabe. Paredes, después de su rendición de cuentas personal, el pasado 27 de noviembre, se limitó a decir que en diciembre se resolvería el tema. No obstante, en ninguna de las tres sesiones ordinarias o de las tres extraordinarias de ese mes el organismo discutió el asunto. Y ahora el problema legal queda en manos de los tres consejeros que permanecerán en funciones, Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís y Paúl Salazar, y los nuevos integrantes que se incorporarán este mes, Carlos Tayupanta y Gloria Toapanta.

Pero ese es un tema particular que quedó en silencio. Las críticas y las denuncias fueron la constante que marcó la gestión de la autoridad electoral. Especialmente por lo que la oposición cataloga como una falta de independencia frente al Gobierno central, en particular del Ejecutivo.

Los problemas se iniciaron con la reinscripción de las organizaciones políticas a finales de 2012, el escándalo de las firmas falsificadas y la afiliación ilegal de ciudadanos a determinadas agrupaciones, que no ha tenido una conclusión y también parece haber sido olvidada.

El CNE requirió de tres verificaciones de firmas para concluir el proceso, cuyo costo real tampoco llegó a ser público. Y como resultado quedó un segundo vacío, ahora los ciudadanos no pueden verificar su filiación política; el sitio web para hacerlo nunca se volvió a habilitar y el argumento del Consejo fue que se debería hacer una solicitud formal en papel para conocerlo.

Las críticas políticas se notaron principalmente en las elecciones generales del 2013, cuando incluso Paredes llamó la atención a la Secretaría de Comunicación, sin que ninguna de las peticiones de moderación de la propaganda indirecta haya sido tomada en cuenta.

En los comicios seccionales del 2014 una de las mayores quejas fue la imposibilidad de que las organizaciones políticas revisaran el sistema de escrutinios y la demora y dificultad en la entrega de resultados.

Además, se repitió el exhorto al Gobierno para que el presidente Rafael Correa no emitiera su sabatina antes de las votaciones e impedir la propaganda indirecta. La petición tampoco tuvo el efecto deseado. Incluso Paredes admitió que el Mandatario superaba a veces a la autoridad electoral y “se pasa la línea del límite”.

Pero este último año también tuvo otros dos puntos críticos: la descalificación de las firmas presentadas por Yasunidos y la eliminación de cuatro agrupaciones políticas nacionales. En el primer caso de nuevo hubo denuncias por el proceso de verificación de las rúbricas, donde tampoco se permitió conocer cuáles eran las presuntas firmas inválidas o falsas.

Todos los reclamos legales se resumen en el informe de gestión del CNE en 43 apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, de las cuales solo el 14% fue aceptado.

De todas formas, según las cifras del Consejo, el balance positivo está en las acciones de inclusión, particularmente con los proyectos para las personas con discapacidad. Y, en palabras de Paredes, el reconocimiento internacional por las mejoras tecnológicas y la consecución de la certificación de calidad ISO 2014, impulsado por la OEA.

El Plan Estratégico Institucional 2014-2017 fue publicado el 22 de diciembre y refleja dos aspectos importantes. El primero es crear el sistema de administración electoral “de acuerdo con las necesidades reales presentes y futuras”. Y “mejorar la percepción de autonomía institucional, posicionando al Organismo Electoral, como una función del Estado” (sic). Esta última confirma que la opinión pública no concuerda con la versión oficial sobre el trabajo de la institución.

En contexto
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó como nuevos vocales electorales a Carlos Tayupanta y Gloria Toapanta, a través de un concurso. Los nuevos funcionarios serán posesionados en sus cargos por la Asamblea Nacional en este mes.

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