10 de July de 2009 00:00

La información de las obras de F. Correa llegó atrasada

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Redacción Negocios

La Procuraduría arrancó el análisis a los contratos que el hermano del Presidente, Fabricio Correa, mantuvo y mantiene con el Estado.

Nueve firmas estatales que suscribieron esos contratos remitieron ayer, aunque con retraso, los primeros documentos relacionados con el caso al ente de control.

Estas son Hidrolitoral, Ministerios de Vivienda y de  Obras Públicas, Petroamazonas, Predesur, Vicepresidencia Ambiental de Petroecuador e Hidropaute, Corporación Financiera Nacional (CFN) y Petroproducción.

Estas empresas firmaron contratos por más de USD 56 millones entre 2008 y  2009 con empresas de propiedad de Fabricio Correa, entre ellas Megamaq, Cosurca, Sidec, Consorcio Rellenos y Plataformas y Consorcio Amazónico. Su trabajo consistía en construir carreteras, edificar puentes, alquilar maquinaria, realizar limpieza de áreas petroleras ...

Estos contratos fueron cuestionados por el presidente Rafael Correa, quien pidió a la Procuraduría y a la Contraloría que investiguen la adjudicación y que anulen los convenios suscritos.

La Procuraduría pidió la información el 19 de junio pasado a estas entidades y, aunque el plazo de Ley para la entrega de lo solicitado venció el 3 de julio, recién ayer recibió la información. Entre las empresas estatales que remitieron con retraso la respuesta se cuenta Petroecuador.

La explicación fue que los datos solicitados eran extensos y tomó algunos días su recopilación, dijeron personeros del Área de Comunicación de esta petrolera.

La empresa Quality Outsourcing, que también ha sido señalada dentro del paquete de empresas de propiedad de Fabricio Correa, logró la adjudicación de un contrato para tratamiento químico del agua del campo Auca y nueve órdenes de trabajo para varias tareas en Petroecuador.

De estos, una orden de trabajo con la petrolera estatal está vigente hasta hoy. “Y con ello se termina la relación con Quality”, dijo el miércoles pasado el titular de Petróleos, Germánico Pinto.

La Procuraduría, por su parte, analizará la información y, de ser el caso, solicitará más datos a las entidades investigadas. El objetivo, según dijo el ente de control en un comunicado, será realizar un análisis jurídico de los procesos de contratación.

Para “determinar si en estos se incurrió en alguna ilegalidad que sea causal de nulidad y, de ser el caso, iniciar las acciones que correspondan ante los jueces competentes”, señaló.

Pero el análisis no termina allí. La Procuraduría realizó un pedido de información a un segundo grupo de empresas estatales.

Se trata de tres entidades: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Municipio de Loja e Instituto Nacional de Riego (INAR) y que  entregaron la documentación antes de que venza el plazo. En total, la Procuraduría solicitó información a 12 entidades estatales.

Adicionalmente, pedirá  la declaración patrimonial de Fabricio Correa y analizará la información societaria de cada una de las contratistas y sus socios.

Según el organismo, todo el análisis le tomará, al menos, unos 10 días, aunque la Ley de la Procuraduría no establece un plazo.

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