8 de junio de 2017 00:00

El indulto no borra la sanción económica fijada por jueces

ALFREDO LAGLA / EL COMERCIO Luis Bahamonde es una de las personas indultadas por el anterior Gobierno.

Luis Bahamonde es una de las personas indultadas por el anterior Gobierno. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO 

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Fernando Medina

Cinco años han pasado desde que recibió el indulto presidencial. Luis Bahamonde todavía recuerda el momento que
le dijeron que el anterior Gobierno lo había perdonado.

Él se encontraba en la cárcel 4 de Quito junto a Jaime Paucar, su compañero de Policía, quien también fue indultado.
Ellos pagaban una condena de dos años de prisión por el delito de magnicidio. Según el sistema de la Judicatura, ese ilícito lo cometieron durante la revuelta policial del 30S.

En el expediente judicial se indica que los dos uniformados intentaron agredir al exmandatario. De allí que decidieron ofrecer disculpas para evitar cumplir la condena.

En ese entonces, Bahamonde pensó que con el indulto su vida volvería a la normalidad. Pero eso no sucedió, pues lo expulsaron de la Policía, dice que no tiene trabajo, que no puede acceder a créditos bancarios, tampoco tener negocios y hasta tuvo que cambiarse de vivienda.

Similares secuelas padece otro indultado, quien asegura que ha intentado acceder a puestos públicos, pero que no ha podido. También quiso laborar en una universidad, pero cuando vieron su historial judicial, le dijeron que no.

¿Por qué sucede esto? El indulto solo elimina la cárcel, pero no las multas económicas que los jueces interponen a los condenados. 

Por eso, los indultados dicen las deudas económicas son los principales problemas.

Ernesto Pazmiño, defensor público, explica que legalmente los indultados no deberían tener ningún problema, pero en la práctica son discrimi­nados, pues arrastran un pa­sado judicial.

En los últimos 10 años, en el país 1 621 personas han recibido el indulto presidencial.

Raúl Benalcázar fue perdonado en noviembre del 2015. Él cumplía una condena de un año y ocho meses de cárcel por un delito de hidrocarburos. En el indulto se expresa que deberá pagar USD 4 500 de multa.

Pero hay procesados que adeudan rubros más altos. Por ejemplo, en el sistema judicial aparece el caso de una persona que adeuda un monto de USD 614 655, y que debe pagarlo junto con otras seis personas.

Según el Consejo de la Judicatura, en esos casos se activa de inmediato un proceso coactivo. Para esto se usan mecanismos como la retención de cuentas, embargo de bienes, prohibición de enajenación de propiedades o, en última instancia, se declara insolvente.

Esto último significa que la persona pierde derechos ciudadanos, como acceder a créditos, trabajar en la función pública y no ejercer el voto.

Thomas Alvear, director de la Judicatura, dice que los cobros se realizan en un tiempo promedio de cuatro meses. Pero aclara que se activa el proceso de coactiva apenas la sentencia es ejecutoriada. El Estado tiene cuentas por cobrar que llegan a USD 179 millones de procesados e indultados.

De allí que organismos de derechos humanos, como Inredh, señalan que es necesario que se condonen también las sanciones pecuniarias.

Para Luis Ángel Saavedra, eso le faltó al reciente Decreto 1440, que fue emitido en el anterior Gobierno.

En el documento se concede el indulto a tres grupos de sentenciados: los condenados a penas menores a cinco años; las denominadas ‘mulas’ del narcotráfico; y a quienes tienen enfermedades catastróficas en etapa terminal.

Pero para la Defensoría Pública existe otra alternativa ­para eliminar las penas.

Es la denominada amnistía. Este beneficio elimina por completo el proceso judicial en cualquier etapa. Es decir, no se requiere una sentencia.

La Constitución, en el art. 120, indica que esta atribución será concedida únicamente por la Asamblea Nacional. Allí se dice que se dará este beneficio por delitos políticos y por motivos humanitarios.

Actualmente, el legislativo analiza conceder este recurso a al menos 177 personas.

Ese es el número de pedidos que han llegado a la Asamblea. Para analizar cada solicitud se conformó un equipo de trabajo, en el que están incluidas autoridades del Ministerio de Justicia. La titular de esta entidad, Rosana Alvarado, ha mencionado que a finales de este mes se conocerá una resolución sobre los beneficiados.

En la Constituyente del 2008, 362 personas obtuvieron la amnistía. Uno de ellos fue Manuel Trujillo.

El hombre, de 52 años, vive en la comunidad de San Pablo de Chillanes, en Bolívar.

Él recuerda que obtener el beneficio no fue fácil, tuvo que pasar 15 días en Montecristi.

Habló con los legisladores y expuso su caso. Tenía 62 procesos penales. Los delitos que se investigaban eran sabotaje, terrorismo, tráfico de influencias, daño a los bienes públicos y hasta secuestro exprés.

Pero con la amnistía de la Asamblea se eliminaron 32 juicios. Ahora dice que continúa con los otros 30 procesos.

Él relata que tiene secuelas. Asegura que en los bancos no le prestan dinero y tampoco puede acceder a trabajos, porque no es sujeto de crédito y porque aún aparece en el sistema judicial con la condena que la impusieron los jueces del caso. De allí que se dedica a la agricultura. Cultiva plátano, café, yuca y vegetales.

En contexto

El Decreto 1440, que fue expedido el 29 de mayo, establece que no podrán acceder al indulto las personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, violencia contra la mujer, contra la integridad sexual; extorsión, estafa, entre otros.

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