19 de septiembre de 2014 20:54

El indulto se aplicó con prioridad a enfermos y detenidos por droga

Xavier Caivinagua/EL COMERCIO.

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Reds. Seguridad y Cuenca

Era el 20 de marzo del 2012. Ese día se concretaba el pedido de las familias y el Gobierno firmó el indulto para los policías Jaime Paucar y Luis Bahamonde. Ambos habían sido sentenciados a dos años de cárcel porque supuestamente intentaron matar al presidente Rafael Correa en los hechos del 30-S.

Cuatro años han pasado desde ese día y Paucar dejó el uniforme camuflaje y el de parada. Ahora trabaja en un taller de cerrajería de su tío, en Quito.

Allí ayuda en la fabricación de puertas, portones, ventanas, techos, pasamanos, etc. “Ahora estoy más tranquilo. Con el indulto salí un poco más rápido de lo que estaba previsto”.

Pero ¿qué es el indulto? Esta figura consta en el nuevo Código Penal. Junto a la amnistía son dos de las siete causas por las que se extingue por completo una pena fijada por el juez.

Ambas figuras se han aplicado hasta el momento. Por ejemplo, en el 2008 se concedió el indulto a 2 300 personas que estaban detenidas por microtráfico. Ese mismo año se amnistió a 64 militares que participaron en la toma de la base Aérea de Taura. Entre el 2001 y el 2012, la Asamblea ha otorgado otros siete indultos por cuestiones humanitarias (ver cronología).

A finales del mes pasado, el presidente Rafael Correa abrió la posibilidad de indultar a seis policías condenados a 12 años de prisión, por intento de magnicidio, durante el 30-S. La condición era que pidan disculpas públicas. Solo la familia de un policía sentenciado ha respondido y a las 15:00 del jueves presentó el pedido en Carondelet.

Cuando fue detenido, Paucar perdió su derecho a votar, pero volvió a hacerlo en febrero.

Quienes se acogen a este beneficio, en la práctica restauran la posibilidad, por ejemplo, de acceder a créditos bancarios, ser titular en las compras y ventas, afiliarse al IESS. etc.

Igual ocurre con quienes se benefician de la amnistía. El 22 de diciembre del 2011, con 104 votos a favor y ocho abstenciones, la Asamblea concedió este beneficio a siete autoridades y dirigentes de Nabón, un cantón que está en el Azuay. Ellos estaban sentenciados a ocho años de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo.

En julio del 2007, más de 200 indígenas y campesinos se opusieron a la destrucción de la vegetación en el sector alto de Zhincata. Esa zona es parte de una cuenca hídrica que abastece de agua a Nabón y Oña.

Ellos impidieron que la maquinaria destruya la vegetación y quemaron el campamento. El dueño de la mina involucró en esto a dos ediles, al teniente político, a los vocales de la Junta Parroquial y a dirigentes de las juntas de agua.

En ese entonces Vinicio Jaya era concejal y Celso Patiño, teniente político. Ellos tomaron con tranquilidad la demanda, porque tenían testigos que nunca intervinieron. En enero del 2011 salió la sentencia en firme en su contra.

El día que iban a ser arrestados se escondieron y los habitantes del cantón los protegieron. Se dividieron en dos grupos y se fueron a vivir en el páramo andino hasta donde todas las noches iba un familiar o amigo llevándoles comida.

Patiño sufrió efectos psicológicos y de salud durante los cuatro meses que estuvo escondido. “Una semana estábamos en un lugar y cuando nos sentíamos amenazados cargábamos a otros lugar las esponjas que usábamos para dormir”.

En mayo del 2011, Jaya fue detenido cuando iba a sufragar en una consulta popular. Para entonces ya había perdido sus derechos políticos y se principalizó a su alterna. El arresto le tomó desprevenido, pero sus amistades y simpatizantes reaccionaron inmediatamente apropiándose de las ánforas y deteniendo a varios policías.

Con ello consiguieron la libertad de Jaya. Desde entonces los sentenciados dejaron la clandestinidad y regresaron a sus casas, pero estaban protegidos por las comunidades.

Por la vinculación con la defensa y los derechos de la naturaleza, Acción Ecológica y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos intervinieron para buscar la amnistía. La asambleísta Rosana Alvarado investigó y propuso ese beneficio. Un estudio de la Universidad de Cuenca determinó que las siete personas padecían problemas de salud física y mental. Jaya tuvo un desmayo, rodó por una ladera y quedó inconsciente varios días. A Patiño le dio un derrame.

El 22 de diciembre, la Asamblea concedió la amnistía y les devolvió la tranquilidad a sus familias y los derechos políticos… pero no se recuperan de la parte psicológica.

En las elecciones de febrero pasado, Jaya fue elegido concejal por Pachakutik y ahora es vicealcalde de Nabón. Un caso similar vivieron tres miembros de la comunidad Salango, en Manabí. Pasaron seis años escondidos porque fueron acusados del cierre de dos accesos hacia la playa de la zona.

Fueron acusados de terrorismo y sabotaje. En el 2008 Robinson Arcos se benefició de la amnistía y no quiere recordar el pasado. Este año, la Asamblea otorgó tres indultos humanitarios, según la asambleísta e integrante de la Mesa de Justicia, Gina Godoy.
Este mes, la Legislatura conocerá el caso de un hombre con discapacidad, VIH, enfermedad pulmonar… La propuesta de Godoy es un indulto de rebaja de pena (de 20 a 14 años), porque no está postrado.

El caso de Paucar no pasó por la Asamblea, sino directamente por el Presidente de la República. El exuniformado debe USD 10 000 por los gastos que hizo su madre en abogados y trámites legales. Su prioridad es trabajar para cancelar esa deuda y estudiar en la universidad. La abogacía es una alternativa. Estuvo 5 años en la Policía y llegó a cabo segundo. Cuando fue apresado realizaba el curso de ascenso. Todo quedó allí.

En contexto

El Código Penal dice que la Asamblea podrá conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. El Presidente de la República podrá conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia.

CRONOLOGÍA

Junio del 2008

La Asamblea concedió amnistía a los 64 militares que participaron en la toma de la Base Aérea de Taura en 1985, en el gobierno de León Febres Cordero.

Julio del 2008
Por pedido del Ejecutivo, la Asamblea aprobó el indulto para las llamadas ‘mulas’ del narcotráfico. En ese proceso se beneficiaron unas 1 200 personas.

Marzo del 2012

El presidente Rafael Correa indultó a dos policías que fueron sentenciados por intento de magnicidio. Ellos estaban sentenciados a dos años de cárcel.

Septiembre 2014

El presidente Correa no descartó indultar a otros seis uniformados que por la insubordinación del 2010 fueron condenados a 12 años de cárcel.

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