6 de febrero de 2017 01:33

Independencia de poderes, un tema medular

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Andrés Jaramillo
Editor de Política

La independencia de los poderes del Estado fue una preocupación común entre los candidatos de oposición a la Presidencia, durante el Diálogo Presidencial 2017 de ayer.

Ellos propusieron una reforma institucional que implicará la modificación de la forma en que se eligen a las principales autoridades de control como el Fiscal General, Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público...

Consideran prioritario reducir las competencias del Ejecutivo, para que el resto de instituciones del Estado puedan tener una autonomía. Principalmente las relacionadas con la administración de la justicia en el país.

Uno de los caminos propuestos es la convocatoria a una consulta popular donde se preguntaría, por ejemplo, si la ciudadanía estaría de acuerdo con sostener las últimas enmiendas aprobadas donde se establece la reelección indefinida, mantener a las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transformar o eliminar esta última función del Estado.

Para el oficialismo, en cambio, el marco general ha permitido una nueva institucionalidad en el país en función de los intereses de las mayorías y no de grupos económicos o políticos específicos.
De ahí que se ofreció garantizar la independencia y también sanciones para quienes hayan cometido actos de corrupción ya sea en este Gobierno o en los anteriores.

A criterio de los candidatos de oposición, existe un “hiperpresidencialismo” que ha afectado la democracia y la libertad de expresión. También, el derecho a la libre asociación y la protesta social.

Los presidenciables críticos del Gobierno se comprometieron a derogar normativas como el Decreto 16 que regula a las organizaciones sociales y ciudadanas y la Ley de Comunicación a través de la cual se definió un marco regulatorio para los medios de comunicación.

De igual forma, esperan que se cambien los artículos del Código Orgánico Integral Penal que han permitido la detención de personas durante manifestaciones sociales.

Asímismo se solidarizaron con quienes han sido, a su juicio, perseguidos por haber denunciado casos de corrupción o irregularidades en la administración pública.

Dijeron que harán una fiscalización efectiva y que, sin importar el partido político se enjuiciará a quienes hayan cometido actos ilícitos o se hayan apropiado de recursos o bienes públicos.

También, que se harán cambios en la administración de las
instituciones públicas para que sean más eficientes. El plan es actualizar los sistemas de gestión; mejorar la contratación de personas con base a los méritos profesionales y no en función de los intereses políticos, reduciendo trámites engorrosos e innecesarios y priorizando el número de ministerios necesarios para que el gobierno opere.

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