Uno de los últimos casos de femicidio sucedió hace 10 días en Tungurahua. La Policía y la Fiscalía indagan los hechos. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Era la noche de San Valentín cuando Laura falleció. Estaba en la casa de su novio y recibió una llamada de sus amigos que la invitaron a bailar.
Eso provocó una pelea con su pareja, quien tomó un cuchillo y la apuñaló en el tórax. Esto sucedió en Cuenca en el 2015 y en la sentencia se dice que el ataque se produjo por “ira y celos”. Por eso, los jueces condenaron al hombre a 26 años de cárcel y le ordenaron pagar una indemnización valorada en USD 283 200.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) analizó este y otros casos y, en un estudio presentado hace siete días, dijo que existe una problemática en cuanto a las indemnizaciones, pues asegura que en las sentencias no se explica cómo se calculan esos rubros, ni qué parámetros se están tomando en cuenta.
A esta conclusión se llegó luego de estudiar 48 femicidios reportados en el 2015. Según ese análisis, solo en dos casos los jueces detallaron qué exactamente valoraron antes de fijar una compensación económica.En el resto -según la Cedhu- solo se indica el monto final fijado para las familias. Para Leonor Fernández, investigadora de esa organización, esto es algo preocupante, pues existen “diferencias abismales” entre las indemnizaciones.
Por ejemplo, un juez ordenó que se cancele USD 2 000 por la muerte de una mujer embarazada y que tenía un hijo de tres años, mientras que por otra mujer que dejó tres hijos en la orfandad se dispuso una compensación de 300 000. En las sentencias de los dos casos, los jueces no explican el porqué de los montos.
Lo mismo ocurrió con Laura. Allí solo se dice que el monto ordenado a pagar es por los daños y perjuicios, y el juez aclara que no tuvo los “elementos necesarios para su cuantificación”.
La vocal del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta, explica que los jueces calculan las indemnizaciones con base en su “sana crítica”.
Pero asegura que para esto valoran aspectos como los gastos funerarios, el salario que percibía la víctima, los bienes que tenía y cómo vivía. Así fue como un Tribunal determinó que la familia de Miriam, quien fue apuñalada por su conviviente, debía recibir USD 268 565. En la sentencia se indica que se multiplicó el salario básico por 55 años, que era la expectativa de vida.
En otro caso también se tomó en cuenta a los niños que tenía la víctima. El juez calculó los montos de pensiones que debía entregar el padre hasta que cumplieran la mayoría de edad.En otros hechos en cambio, se detalla que se hizo el cálculo con base en el art. 70 del Código Integral Penal. Allí se detallan montos de multas según el tiempo de la condena.
Por ejemplo, para penas que van de 22 a 26 años, el valor es de 800 salarios básicos. Así fue cómo se indemnizó a la familia de Rosario, quien perdió la vida en Quito en mayo del 2015. Estos casos serán presentados por la Cedhu en la Corte Nacional para su análisis y esta semana se consolidan más datos.
La fiscal Mayra Soria es una de las investigadoras de femicidios en Pichincha. Ella también admite que no existen criterios unificados para definir los montos económicos.
Por eso, en los casos que ha indagado pide otras medidas de reparación integral como el tratamiento psicológico. El Estado garantiza una terapia que puede durar hasta tres años para los hijos de las mujeres.
La Judicatura, en cambio, evalúa a los jueces cada año para detectar irregularidades en los fallos. Entre los aspectos que se analiza está el sustento de las sentencias, pues es obligatorio que detallen cómo llegaron a fijar los valores.
De no ser así, podrían ser sancionados. También se revisa el cumplimiento de las condenas, pues la Judicatura reconoce que existen montos económicos que no se pagan. Ese es el caso de los familiares de Marcela, otra víctima. Ellos aún esperan los USD 80 000 que fueron fijados por el juez.
En contexto
Desde el 2014, año que se tipificó el femicidio en el país, la Judicatura dice que en 43 casos que recibieron sentencia, se ordenó una indemnización. Los montos que se establecieron oscilan entre USD 2 000 y USD 300 000. No se conoce cuántas se cumplieron.