Un tercio de los ingresos que generen “las ganancias extraordinarias” relacionadas con la plusvalía de bienes y terrenos irá al Estado. El resto de ingresos se transferirá a los gobiernos autónomos y descentralizados.
Así establece el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que regularía la plusvalía y que fue enviado el lunes a la Asamblea por el Ejecutivo.
Sobre el tema, el domingo 7 de junio del 2015, durante una entrevista televisiva, el presidente Rafael Correa sostuvo que el impuesto está destinado a los especuladores de tierra que se benefician de una “ganancia absolutamente ilegítima y perniciosa para la sociedad”.
Actualmente, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), establece un impuesto a la plusvalía de hasta el 10% que se cobra a la diferencia entre el avalúo municipal del bien y su valor comercial. Este se paga al momento de vender el bien.
El nuevo impuesto se aplicará para la segunda venta, explicó hoy, 9 de junio del 2015, Richard Calderón, titular de la Comisión Presidente de la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, que analizará el proyecto.
El asambleísta explicó que si bien el proyecto eleva la contribución por plusvalía al 75% para la segunda venta, esto se hará luego de reconocer una ganancia ordinaria al propietario del bien y una fracción exenta de 24 salarios (USD 8 496).
Para calcular la ganancia extraordinaria, se debe sumar el valor del bien (constante en escrituras), las mejoras que haya efectuado el propietario, una tasa de interés equivalente al monto que habría generado por tener ese dinero en el banco y las contribuciones por mejoras pagadas a los municipios. Luego, a ese monto debe restar el valor al cual quiere vender el bien.
Por ejemplo, si de la suma anterior el valor del bien es de USD 80 000 y quiere vender la casa en USD 100 000; la ganancia extraordinaria será de USD 20 000. Como USD 8 496 están exentos, el impuesto del 75% se cobrará a USD 11 504.
Sobre la transferencia de una parte de estos ingresos al Gobierno Central, Calderón dijo que la transferencia se justifica porque la obra pública del Estado ha permitido el incremento de valor de los predios.
Indicó que las dos terceras partes van a los gobiernos locales y esto debe servir para dotar de servicios básicos a quienes no tienen. “Estos ingresos son para financiar el desarrollo urbano de la ciudad por ejemplo transporte urbano, etc.”, dijo.