13 de enero de 2017 16:33

Human Rights Watch: 'La Ley de Comunicación concede al Gobierno amplia potestad para limitar la libertad'

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Adriana Noboa
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Humans Rights Watch (HRW) lanzó ayer, jueves 12 de enero del 2017, su “Informe Mundial 2017: El populismo amenaza los derechos humanos”. La organización no gubernamental analiza anualmente la situación en los distintos países.

Este año el informe sobre Ecuador recoge nueve puntos. Los que más atención recibieron son: las acusaciones penales desproporcionadas contra manifestantes, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

En el primer caso, HRW recuerda que en diciembre de 2015 cientos de ecuatorianos salieron a las calles para protestar por la promulgación en la Asamblea Nacional de enmiendas constitucionales.

Un día después de las protestas, un tribunal condenó a 21 personas a 15 días de cárcel por “proferir expresiones de descrédito y deshonra en contra de policías”. En mayo de 2016, resalta el informe, un tribunal de la provincia de Loja condenó dos indígenas Saraguro, por haber interrumpido servicios públicos, al cortar caminos durante las protestas en reclamo de una mayor protección de los derechos indígenas. Ellos fueron condenados a cuatro años de prisión. Y en octubre otras tres personas fueron condenadas a la misma pena de cárcel por los mismos incidentes.

Sobre la libertad de expresión, HRW resalta que la Ley Orgánica de Comunicación (2013) “concede al Gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión”. Y enumera las figuras que facilitan que “se adopten represalias contra medios críticos del Gobierno”, como que la información sea ‘verificada y precisa’, el ‘linchamiento mediático’ y la prohibición de la ‘censura’.

Entre la lista de casos que cita HRW están el de Teleamazonas y la periodista Janet Hinostroza, el de Ecuavisa y la transmisión de la Secom de 30 minutos durante el programa Visión 360. El caso del hermano del vicepresidente Jorge Glas, quien pidió a la justicia que prohibiera la publicación de un libro sobre la condena que había recibido su padre por el delito de violación sexual y el juez se lo otorgó. Y el caso del concejal Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito, acusado de difamación por el Presidente, quien fue condenado a 15 días de cárcel.

“El presidente, su partido político y sus miembros, medios de comunicación estatales y organismos estatales han intentado en varias oportunidades utilizar la normativa estadounidense sobre derechos de autor para que se dieran de baja imágenes y documentos críticos de Internet”, destaca HRW.

Por eso el informe afirma que “el Gobierno de Correa utilizó reiteradamente la Ley Orgánica de Comunicación para ordenar a los medios que publicaran información favorable al Gobierno y transmitieran mensajes oficiales en respuesta a noticias desfavorables”.

Sobre la libertad de asociación, HRW recuerda que en 2015, el presidente Correa dictó un decreto ejecutivo para intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo la capacidad de disolverlas. Y menciona que en agosto pasado se disolvió a la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Los otros puntos analizados en el informe son: la independencia judicial, las condiciones en centros de detención, los migrantes y refugiados, los juicios por abusos del pasado, los derechos reproductivos, y los actores internacionales clave.

Para leer el informe completo ingrese aquí.

El documento también indica que cuando se concluyó su redacción, todavía había 2 348 víctimas del terremoto de abril de 2016 que “vivían en albergues proporcionados por las autoridades.

En estos albergues, las poblaciones vulnerables —incluidas mujeres y niños— seguían particularmente expuestas a riesgos, sin medidas de seguridad adecuadas. Algunos niños y niñas que viven en los albergues no han podido acceder a una educación adecuada”.

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