20 de abril de 2018 10:45

Human Rights Watch habla de injerencia política en la justicia durante el gobierno de Rafael Correa

Human Rights Watch concluyó que hubo injerencia política en la justicia durante el gobierno de Rafael Correa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Human Rights Watch concluyó que hubo injerencia política en la justicia durante el gobierno de Rafael Correa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Elcomercio.com

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La organización internacional de vigilancia de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), pidió este viernes, 20 de abril del 2018, a Ecuador investigar las acusaciones "creíbles" de que el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) presionó al sistema judicial.

“Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial”, señaló en un comunicado.

La organización dijo que hay evidencias que indican que altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en la resolución de casos de interés para el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces.

“Durante la presidencia de Correa, hubo funcionarios que presionaron e intimidaron a jueces, y destituyeron a aquellos que se negaron a seguir órdenes”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Presidente Lenín Moreno ha insistido en su respeto por la independencia judicial, pero para que se corrijan las prácticas abusivas del pasado, debería reestructurar la maquinaria que permitió la injerencia política en la justicia”.

Luego de asumir la presidencia en mayo de 2017, Moreno manifestó que los jueces tendrían libertad para “tomar decisiones sin ningún tipo de presión” y prometió que “nunca llamaría a un magistrado para influir en él”. Pero, también ha emitido una declaración de abierto apoyo a Gustavo Jalkh, quien preside el Consejo de la Judicatura desde el 2013.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, facultado para evaluar a autoridades, inició el pasado 4 de abril una investigación que podría llevar a la remoción del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

En noviembre de 2017, Human Rights Watch visitó Ecuador para evaluar los niveles de independencia judicial en el país, en seguimiento a un informe de 2014 que documentaba cómo la independencia judicial se había visto "vulnerada" durante la gestión de Gustavo Jalkh. En esa ocasión, HRW entrevistó a altas autoridades del Consejo de la Judicatura, jueces en ejercicio o destituidos, personal de la Defensoría Pública, asesores de legisladores en la Asamblea Nacional, abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas.

Human Rights Watch documentó 12 casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del consejo o del Ministerio de Justicia, o asesores de Correa, directa o indirectamente sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas. Cuando los jueces no acataron las instrucciones, el Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra, y en la mayoría de los casos los jueces fueron posteriormente suspendidos o destituidos.

HRW dice que hay otros indicios que sugieren que existió intromisión política en el poder judicial durante el gobierno de Correa, por ejemplo, una serie de correos electrónicos de autoridades y un memorando de la Presidencia de 2013 que ordenaba a jueces rechazar demandas contra el gobierno.

El Código Orgánico de la Función Judicial permite que el Consejo de la Judicatura suspenda o destituya a funcionarios judiciales, incluidos jueces, por desempeñarse con “dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”. Entre 2013 y agosto de 2017, 145 jueces fueron suspendidos o removidos por cometer “errores inexcusables”, según el consejo.

“Estas normas, que permiten la destitución de jueces por cometer errores de derecho, exponen a los jueces a presiones políticas y vulneran la independencia judicial. La forma correcta de abordar errores jurídicos es por medio del proceso de apelación judicial y jamás mediante la remoción de jueces. Ecuador debería derogar o reformar esta disposición para eliminar la posibilidad de interferencia política”, señaló HRW.

El 20 de marzo del 2018, Human Rights Watch solicitó a la Fiscalía General del Estado información sobre investigaciones relativas a los señalamientos de intromisión indebida en el sistema judicial, pero no ha recibido respuesta. Por esta razón, HRW no encontró evidencias de esfuerzos significativos por parte de esta institución del Estado para investigar los señalamientos de injerencia política en el poder judicial.

Human Rights Watch compartirá sus conclusiones con el Consejo de Participacion Transitorio y con la Fiscalía General del Estado, agregó la organización.

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