3 de July de 2009 00:00

La Honduras desconocida

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Alejandro Villagómez

Si no fuera por el fútbol, la mayoría de los mexicanos sabrían casi nada sobre Honduras, como de la mayoría de los países al sur.

Este país, con casi 7,5 millones de habitantes, alrededor de 80% menor de 35 años, es un claro ejemplo de la pobreza y el atraso que han caracterizado a esa región por décadas como consecuencia de estructuras sociales, políticas y económicas que han favorecido a grupos de oligarcas apoyados por dictaduras militares.

Aproximadamente un tercio de la población se encuentra ocupada en la agricultura y poco más del 40% en los servicios. Al menos el 20% de la población mayor a 15 años es aún analfabeta. De acuerdo con la Cepal, aproximadamente el 60% de la población se encuentra en pobreza, medida como un ingreso menor al doble del costo de una canasta básica, y un 26% está en pobreza extrema.

Casi el 45% del ingreso se concentra en el último decil, aunque hay que reconocer que esta cifra es muy similar a lo que ocurre con la mayoría de los países en América Latina, incluido el nuestro. Las instituciones democráticas pueden verse como la última instancia para el manejo de conflictos en la medida que permitan que las diferencias de los grupos sociales puedan ser resueltas de manera predecible, incluyente y participativa. Pero insisto que este es un proceso que requiere de mucho tiempo, como lo muestra el ejemplo de nuestro país, en donde aún no termina por consolidarse a pesar de los años transcurridos. Pero hay que iniciarlo, invertir en él y evaluarlo sistemáticamente.

Lo que acaba de suceder en Honduras es un grave atropello no solo a las mínimas garantías individuales, sino a esta lógica.

Este país forma parte de un enorme conjunto de países que están urgidos por acelerar su democratización. Hace poco lo iniciaron y este golpe es un freno y regreso al pasado, con un enorme costo para la población.

Los conflictos internos deben ser resueltos a través de los cauces institucionales  y mediante reglas del juego que predominan en el entorno mundial moderno.

No existe ninguna razón para justificar una acción que termina por destruir instituciones y cancelar avances. Son probablemente estas las razones que han llevado a ubicarse en el mismo lado a gobernantes tan distintos como Chávez y Ortega, junto con Obama y Calderón, para demandar el regreso a la institucionalidad.

Ahora es importante que esta comunidad internacional efectivamente haga valer su posición y utilice los mecanismos adecuados para ello. Si bien el regreso de Zelaya podría no garantizar la democracia ideal,  coadyuva a continuar con el proceso que requerirá de muchos más años y esfuerzos por lo que he señalado arriba. Pero de algo estamos seguros: estos golpes de Estado deben ser cosa del pasado. Ya no deben tener cabida en el siglo XXI.

El Universal, México, GDA

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